La Sindicatura de Comptes insta a revisar contratos menores del Consell de Garanties Estatutàries

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha instado al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), institución juridicoconsultiva de la Generalitat, a revisar sus contratos menores y mejorar su planificación presupuestaria en un informe correspondiente al ejercicio 2024 consultado por Europa Press.

"En el periodo 2022-2024, el Consell contrató a cuatro proveedores de manera recurrente, con reiteración del objeto y el adjudicatario, y a uno de ellos, se le adjudicaron contratos menores por importes acumulados superiores al máximo permitido para este tipo de contratos", indica el informa presentado por la síndica mayor por suplencia, Llum Rodríguez.

También afirma que el CGE tenía una cuenta extrapresupuestaria de carácter deudor de 112.811,46 euros que no había tenido movimiento desde el ejercicio 2020 y que, por lo tanto, habría que regularizar contablemente.

Por ello, la Sindicatura efectúa dos recomendaciones: una relativa a la necesidad de "revisar la contratación menor" y otra sobre la conveniencia de llevar a cabo una adecuada planificación presupuestaria para evitar la generación de remanentes.

ALEGACIONES DEL CONSELL

En sus alegaciones, el Consell niega que exista un fraccionamiento para reducir la cuantía de los contratos para evitar los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, y sobre la planificación contable, "a pesar de ser de carácter general sin proponer medidas concretas, no corresponde a deficiencia alguna, punto débil ni defecto".

Por otro lado, la Sindicatura ha emitido el informe 7/2026, elaborado por el síndico Ferran Roquer: se trata de una "auditoría operativa" que tiene por objeto analizar la eficiencia y la eficacia de la gestión del servicio de suministro de agua en baja en los 11 municipios con más de 100.000 habitantes de acuerdo con el censo de población del ejercicio 2023.

Entre las principales conclusiones, la mayoría positivas, el órgano fiscalizador señala que el número de interrupciones no programadas no fue significativo y que todos los municipios ofrecieron agua de calidad, segura microbiológicamente, libre de sustancias químicas en niveles peligrosos, aceptable sensorialmente y controlada mediante planes sanitarios.

Destaca que, en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y otros municipios, "más del 50% de la red superaba los 30 años de antigüedad" y los niveles de renovación de la red de todas las entidades fiscalizadas eran inferiores al 2%, porcentaje mínimo que se considera necesario para frenar el envejecimiento global de la red.

ALEGACIONES DE AMB

En sus alegaciones, la AMB explica que en el informe se hace esta afirmación sin tener en cuenta otros aspectos pues "si se cruzan los datos de ANR (agua no registrada) y de porcentaje de renovación de la red se puede observar que no existe una relación directa; la renovación de la red no garantiza por sí misma una mejora del ANR".

Añade que la normativa actual "establece una vida útil máxima de 40 años para las infraestructuras de abastecimiento y un coeficiente de amortización de 2,5% al año, con lo que la referencia a los 30 años y el porcentaje de inversión del 2% debería adaptarse a esta disposición normativa".

Todas las entidades fiscalizadas aprobaron los planes de emergencia y tenían tarifas domésticas progresivas crecientes divididas en bloques de consumo que incentivaban el uso responsable del agua.

La Sindicatura efectúa ocho recomendaciones orientadas a la mejora del servicio municipal de suministro de agua en baja.