Archivo - Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con 24 días de suspensión de empleo y sueldo a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) por negarse a hablar en catalán a una ciudadana durante una actuación en julio de este año ya que, según explican, el agente mantuvo "un trato inadecuado", informan fuentes municipales a Europa Press este jueves.
La denuncia fue interpuesta por Plataforma per la Llengua, quien en sus redes sociales ha publicado una parte del vídeo que grabó la denunciante y en el que se escucha como el agente, después de que la mujer le pidiera que le hablara en catalán y este se negara reiteradamente, comenta que "es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere".
El consistorio sostiene que en el transcurso de la intervención, se produjeron "actitudes y expresiones que fueron consideradas como incompatibles con los estándares de respeto, corrección y profesionalidad exigibles a los miembros del cuerpo".
Tras tener conocimiento de los hechos, la Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI) llevó a cabo la correspondiente investigación interna y trasladó sus conclusiones a los servicios municipales competentes.
En este sentido, apuntan que el consistorio mantiene su compromiso con la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía y que la Jefatura de la Guardia Urbana ha recordado recientemente a sus efectivos que, con carácter general, la primera interacción verbal con la ciudadanía debe realizarse en catalán, de acuerdo con los criterios municipales de proximidad y calidad del servicio público.
PLATAFORMA PER LA LLENGUA
En un comunicado, la organización valora "positivamente" la resolución, lo que supone el reconocimiento institucional de una vulneración de los derechos lingüísticos de la ciudadana y, más allá de la sanción, consideran que lo importante es el reconocimiento de estos hechos, porque alertan de que la mayoría de las denuncias por discriminaciones en el ámbito policial se archivan.
"Esta resolución demuestra que las discriminaciones lingüísticas por parte de los cuerpos policiales no son una percepción subjetiva ni una cuestión menor. Cuando una ciudadana reclama ejercer su derecho a ser atendida en catalán por un servidor público, la administración tiene la obligación de garantizarlo", afirma el presidente de la entidad, Òscar Escuder.
La entidad hará valer el reconocimiento de los hechos por parte de la administración para pedir la anulación de la multa impuesta a la víctima y recuerda que los trabajadores municipales tienen la obligación de dirigirse prioritariamente en catalán a los ciudadanos y que, en ningún caso, pueden negarse a atenderles en la lengua que pidan porque "es un derecho lingüístico".
