Denuncian vulneración de derechos y creen que el Ejecutivo "ha reconocido" que había una orden de espiar
BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa han presentado un recurso en la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo (TS) por sus espionajes del 'Catalan Gate', que consideran "directamente atribuibles" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ejecutivo.
La demanda, consultada por Europa Press, recuerda el estudio de Citizen Lab que documentó infecciones con Pegasus a 63 personas, entre ellas Torra y Costa, y ven "evidencias de una fuerte conexión de la operación de espionaje con el Gobierno de España".
La oficina de expresidente de Torra ha explicado en un comunicado que este recurso es un paso "para conseguir en los tribunales europeos una condena al Estado español" por vulneración de derechos fundamentales.
La demanda argumenta que, "aunque no conste con certeza qué órgano, agencia, departamento o servicio ha ejecutado materialmente la operación de espionaje, lo cierto es que todos los que tienen la misión y/o la capacidad técnica de llevarlo a cabo forman parte y responden ante el poder ejecutivo", por lo que responsabilizan al Gobierno de los ataques informáticos.
Sostienen que, a raíz de la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales, "se ha reconocido en definitiva, por parte del Gobierno de España, la existencia de una directriz para espiar a docenas de dirigentes políticos".
Torra y Costa creen que sus espionajes son "directamente atribuibles al presidente del Gobierno y al Gobierno, en tanto que órganos constitucionales jurídicamente responsables de la actividad de espionaje político ilegal" y como destinatarios de la información obtenida por el CNI, y por sus cargos justifican que el Supremo es el tribunal que debe encargarse de la demanda.
Ambos sostienen que el uso del software Pegasus es "incompatible con el Estado de derecho" y se apoyan en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en otros casos de vigilancias secretas.
PIDEN ANULAR LA ORDEN
Añaden que la ley que regula al CNI "no se ajusta" al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, esgrimen su derecho a que se declare nula la orden de intervenir sus comunicaciones y piden desclasificar los documentos que les afectan.
En la demanda exponen que el espionaje ha supuesto la vulneración de varios derechos fundamentales --a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la protección de datos personales, a la libertad ideológica y de expresión, a la libertad de asociación y reunión, a la participación y representación política y a la tutela judicial efectiva-- y piden que el Supremo plantee una cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC).
