Ya ha cumplido la condena y alega "persecución ideológica y política contra la minoría nacional catalana"
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El expresidente del Govern Quim Torra ha recurrido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) su primera condena de inhabilitación por desobediencia --que ya ha cumplido-- por no retirar una pancarta por los presos del 1-O de la fachada de la Generalitat.
La oficina de expresidente de Torra ha explicado en un comunicado este martes que el recurso alega la vulneración del derecho a un juez imparcial, del principio de legalidad penal y del derecho de participación política.
En esta causa, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le inhabilitó en diciembre de 2019 un año y medio por desobedecer de manera "contumaz y obstinada" a la Junta Electoral Central (JEC) durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019, y una vez cumplida esta condena Torra fue inhabilitado de nuevo en otra causa por desobediencia.
Los abogados de Torra, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, han argumentado en el TEDH que la causa de Torra ha sido "un caso de persecución ideológica y política contra la minoría nacional catalana en el Estado español".
Consideran que no se ha respetado su derecho a un juez imparcial ni cuando se le juzgó en el TSJC ni cuando recurrió al Tribunal Supremo (TS) y al Tribunal Constitucional (TC) "porque han decidido sobre el caso magistrados faltos de la más mínima apariencia de imparcialidad".
También alegan vulneración del derecho a la defensa por la "denegación sistemática" de las recusaciones que presentaron contra los jueces del Supremo que abordaron su recurso y porque se rechazaron algunas pruebas y que miembros de la Junta Electoral Central testificaran en el juicio.
ESCAÑO DEL PARLAMENT
Creen que se ha vulnerado el derecho de Torra a la presunción de inocencia y al condenarlo "sin prueba de cargo y tratándolo como culpable por diferentes autoridades antes de su condena" y al retirarle el escaño antes de que el fallo fuera firme.
Añaden que retirarle el escaño antes de que el Supremo revisara la sentencia supuso "una vulneración flagrante y desproporcionada del derecho a unas elecciones libres" y a la presunción de inocencia.
"Además, la privación del cargo de presidente, que comportó el cese de todo el Govern y dio lugar a la disolución automática del Parlament, fue una consecuencia también completamente desproporcionada", y sostienen que la pancarta que estaba colgada en la Generalitat era un acto de reivindicación política.
En este sentido, razonan que "el uso de una pancarta o de un símbolo no altera la naturaleza del ejercicio de la libertad de expresión" y recuerdan que la reivindicación de la libertad de los presos del 1-O encabezaba el programa electoral con el que Torra concurrió a las elecciones.
El recurso también incluye aspectos procesales y reprocha que la sentencia ha "cambiado la jurisprudencia centenaria" sobre la desobediencia a órdenes no judiciales como la de la JEC, y mencionan una sentencia del Supremo que en 2016 resolvió que la JEC solo puede dar instrucciones a autoridades que participan en la organización de los comicios pero no a otros, como Torra.
DOS CAUSAS
A finales de abril de este año el tribunal dio por cumplida esta primera condena porque Torra ya había pagado la multa de 30.000 euros que le impuso en la sentencia --que confirmaron el Supremo y el Constitucional-- y ya había pasado el año y medio de inhabilitación al que fue condenado.
En paralelo y solo dos semanas después de acabar esta primera inhabilitación, el TSJC comunicó a Torra su condena a 15 meses de inhabilitación en la segunda causa por desobediencia también por no retirar una pancarta de la Generalitat, en este caso durante el periodo electoral de las elecciones del 10 de noviembre de 2019.
