BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba a siete años de prisión al presidente de Transcont, una asociación de transportistas autónomos que extorsionaba camioneros y que trató de monopolizar de forma ilícita el transporte de contenedores en el Puerto de Barcelona, y a seis años de prisión a su vicepresidente y a tres miembros de la junta directiva.
El tribunal considera a Antonio G.V., a Manuel M.C, Jose Maria B.I, Luis V.A. Y Jose Luís P.R., responsables de un delito de asociación ilícita y de extorsión continuada, y absuelve a otros dos miembros de la junta, Rafael A.A y Rafael M.G, por considerar que no tenían conocimiento de los hechos.
Aprovechando que la mayoría de transportistas eran de su asociación, el presidente de Transcont, Antonio G.V., alias 'el pistolas', ideó junto al vicepresidente y tesorero, Manuel M.C., la creación de una empresa, BCN SL, para gestionar todos los ingresos de la entidad, que cobraba de las empresas transportistas y pagaba los servicios a sus socios.
La Audiencia consideraba probado que los acusados crearon "un ambiente de temor y de intimidación" en el puerto, amenazando al resto de transportistas no asociados a Transcont con sufrir daños personales o patrimoniales en sus vehículos si no accedían a sus pretensiones y se incorporaban a la asociación.
El alto tribunal ha confirmado que el "sistema coactivo y de terror impuesto se diseñó y ejecutó introduciendo usos mafiosos" para intimidar a los que se oponían a pagar una cantidad para poder desempeñar su labor, por lo que ha desestimado el recurso presentado por los acusados en este sentido.
Los condenados obligaban a los nuevos asociados a firmar un contrato simulado y obligatorio por el que tenían que pagar entre 6.000 y 30.000 euros en concepto de "donativo de colaboración", llegando a suscribir hasta 60 contratos por los que obtuvieron hasta 437.251 euros.
Los camioneros que no aceptaban firmar el contrato eran perseguidos, se encontraban con las ruedas pinchadas o les tiraban bolas de hierro contra sus vehículos, por lo que , tal y como declararon algunos afectados en el juicio, acabaron realizando el donativo "para trabajar tranquilos"; mientras que otros que no aceptaron el chantaje vieron como sus camiones ardían.
El grupo mafiosos llegó incluso a amenazar al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Coello, que después de que éste les instara a acabar con la situación creada en el Puerto de Barcelona, se encontró su vehículo con los cristales rotos hasta en tres ocasiones en los alrededores de su vivienda.
La sentencia también obligaba a los condenados a indemnizar a cinco de los transportistas extorsionados, devolviéndoles un total de 36.000 euros que habían donado a Transcont después de haber sido amenazados.
El único punto en que el Supremo da la razón a los procesados ha sido en el pago de las costas de la instancia, de la que cada uno se deberá hacer cargo en una 2/49 parte.
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