Vallejo (ICAB): "No podemos devaluar las instituciones por un juicio en particular"

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La decana del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha recordado que el proceso en el que se enjuició al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, va dirigido contra su persona y no contra una institución: "No podemos devaluar las instituciones y la credibilidad de las instituciones por un juicio en particular".

En una entrevista con Europa Press, la decana ha afirmado que, como abogacía, son los primeros defensores de que la justicia sea eficaz, de que el Estado de Derecho funcione y de que el derecho de defensa llegue a la ciudadanía, "y eso es democracia".

En este sentido, ha subrayado que la Abogacía, los poderes públicos y los medios de comunicación deben abogar con responsabilidad para que un juicio en particular no politice todas las instituciones, porque de lo contrario, afirma "caemos en el error".

En este sentido, ha dicho que el ICAB, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), los órganos judiciales y la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática trabajan juntos para que la justicia sea eficaz, independiente, y que se aplique correctamente.

"Como abogacía, nuestra obligación es que el Estado de Derecho sea un Estado de Derecho efectivo. La independencia de la abogacía lo que genera precisamente como principio rector es que la justicia también sea independiente. Y en nuestro país, ahora que en enero será el Día de la Abogacía Amenazada, podemos congratularnos de que la independencia de la abogacía existe y, por lo tanto, que el sistema funciona", ha zanjado.

LEY DE EFICIENCIA

Sobre la tercera y última fase de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, la decana considera "bastante improbable" que en Barcelona pueda implementarse en su totalidad para la fecha en la que estaba previsto que entrara en vigor, el 1 de enero de 2026, y ha añadido que desde el ICAB abogan por una implementación progresiva.

Sugiere que empiece a implementarse en aquellas especialidades y materias más probables en cuanto a recursos, como la jurisdicción mercantil, y que se conceda una prórroga para civil y penal, para luego seguir "para ver si así llegan los 55 jueces reivindicados, si la bolsa de funcionarios interinos se estabiliza y todos estos problemas colaterales hacen que la Ley de Eficiencia no queden en un mapa, en un papel, sino que se aplique".

SANCIÓN DE LA CNMC

Vallejo también se ha pronunciado sobre las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al ICAB por recomendar honorarios.

En noviembre, la Audiencia Nacional desestimó el recurso del ICAB contra la resolución de la CNMC que, junto a otros 8 colegios de la abogacía, en 2018 impuso al ICAB una sanción de 620.000 euros (que fue abonada ese mismo año) por hacer recomendaciones de precios sobre los honorarios que cobran los abogados a sus clientes en los procesos judiciales.

En este sentido, Vallejo ha subrayado que el marco normativo ha cambiado respecto al momento en que el ICAB fue sancionado y que la Ley Orgánica del Derecho de Defensa contempla que para que el derecho a la tutela judicial efectiva del ciudadano sea eficiente, este necesita conocer con "transparencia" cuánto le va a costar un proceso si su pretensión se ve desestimada.

En este sentido, ha explicado que la CNMC no interpreta la ley como ellos, puesto que a través de la Abogacía del Estado ha demostrado no estar de acuerdo, y pide que el Ministerio de Justicia que "esto se arregle".

Mientras tanto, dice, están "aplicando 'stricto sensu' los criterios del Tribunal Supremo, que son unos criterios indeterminados, con indefinición, sin una cuantificación, y que nos dicen que en función del tiempo, de la complejidad, de conceptos jurídicos indeterminados, cuánto le va a costar al consumidor".

Hasta que esto se resuelva, la decana asegura que la ciudadanía no sabe lo que le costarán los procedimientos, y que esto es muy grave, en sus palabras textuales, porque informar del coste que tendrá si pierde "no es libre mercado, eso es una obligación legal".

MENORES

Preguntada por la protección de los menores en situación de desamparo, Vallejo ha dicho que desde el ICAB mantienen conversaciones con el Ministerio y la Conselleria de Justicia para que cuenten con asistencia jurídica: "Lo que no puede ser es que la Administración Pública sea juez y parte".

Ha explicado que es un reclamo en el que la primera decana mujer del ICAB, Silvia Giménez-Salinas, viene trabajando desde hace 20 años y que con el apoyo de la Sindicatura de Greuges de Catalunya y de la Abogacía Catalana están "caminando más rápido", para que los menores tengan asistencia jurídica y no solo los padres.

"Lo que estamos viendo en desamparos es que sales del colegio, se te lleva a la de DGAIA y hasta el cabo de 3 años no vuelves con tu familia. E igual lo que ha pasado es una cosa muy puntual en la que no se ha tenido la atención necesaria o no se ha escuchado ese menor", ha lamentado Vallejo, que ha dicho que si el interés superior del menor es lo que prima hay que proporcionarle asistencia jurídica, pero que para esto se necesita una reforma legal.

MULTIRREINCIDENCIA Y OCUPACIONES

Sobre el plan de choque contra la multirreincidencia implementado en Barcelona, que incluía la creación de 4 nuevos juzgados de lo penal de refuerzo para reducir los tiempos de celebración de los juicios rápidos, Vallejo ha afirmado que esta medida "tiene que tener continuidad".

Sobre las ocupaciones delincuenciales, ha señalado que si los inmuebles se pudiesen recuperar en un plazo máximo de 72 horas en el juzgado de guardia con medidas cautelares de expulsión inmediata, se reducirían: "Portugal acaba de aprobar una ley: 4 años de prisión. Francia, en julio de 2023: 3 años de prisión. Aquí: 3 meses, gratis, y a un año vista la celebración el juicio y mientras tanto estoy ocupando el bien inmueble".