BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Más de cincuenta vecinos de la Mina, propietarios de viviendas de protección oficial que serán derribadas para la ejecución del plan de transformación de La Mina, se han manifestado este jueves en la plaza Sant Jaume contra la pretensión del Consorcio de la Mina de cobrarles entre 30.000 y 40.000 euros para ser realojados en pisos de las mismas características.
Los 350 vecinos afectados alegan que se les quiere cobrar con esta cifra parte del plan de transformación de La Mina, que ha contado con un presupuesto de 173,7 millones de euros financiados por el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besós, la Generalitat de Catalunya, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europea.
El portavoz de la plataforma vecinal, José Amaya, ha argumentado que la ley establece que todo aquel que viva en un piso de protección oficial tiene derecho a que se le asigne uno de las mismas características, y ha acusado al Consorcio de la Mina de "aprovecharse de las personas humildes" que no se pueden defender.
En declaraciones a Europa Press, el abogado del Col·lectiu Ronda Óscar Serrano, encargado del caso, explica que el consorcio se justifica alegando que el valor de los pisos nuevos es de unos 120.000 euros, mientras que valora los pisos que serán derribados en unos 80.000.
Según Serrano, la diferencia "no es posible, porque la vivienda de protección oficial tiene un precio regulado", en este caso, de 1.970 euros por metro cuadrado. Además, asegura que ha habido transacciones en las viviendas antiguas que se han realizado en el mes de octubre por 120.000 euros.
Pese a que la normativa vigente que regula los realojamientos, a la que los vecinos se acogen, es posterior a la notificación de desalojo, Serrano afirma que se trata de un ley retroactiva, y explica que "establece que el realojamiento se hará vivienda por vivienda, sin diferenciales económicos".
Serrano afirma que está seguro de la ilegalidad del cobro a los vecinos por su realojamiento. El proyecto de expropiación forzosa, que ya desestimó las alegaciones de los vecinos en la aprobación inicial, tendrá que superar las alegaciones a la aprobación final, que juzga el Jurado de Expropiaciones de Catalunya, para poder proceder a derribar las viviendas. Si el jurado falla en contra de los vecinos, Serrano afirma que están dispuestos a recurrir al Tribunal Supremo.
