La vulnerabilidad social crece hasta un tercio de las quejas al Síndic de Greuges en 2018

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las desigualdades sociales y el actual "ciclo de vulnerabilidad" aumentaron su presencia entre las quejas de ciudadanos al Síndic de Greuges el año pasado, cuando llegaron al 31,3% --frente al 28,2% de 2017--, y con problemáticas relacionadas con desahucios, pobreza energética, segregación escolar y la renta garantizada de ciudadanía (RGC) como protagonistas.

El síndic, Rafael Ribó, ha presentado este lunes el 'Informe al Parlament 2018' al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, y le ha transmitido su preocupación por las problemáticas sociales, ante las que ha reclamado un mayor acuerdo político entre todos los grupos para combatirlas, ha explicado el Síndic en rueda de prensa.

Se ha mostrado preocupado por la "inadecuada respuesta de administraciones ante desahucios de personas vulnerables, ya que las mesas de emergencia habitacional están continuamente desbordadas", con esperas de uno o dos años y lejos de garantizar el derecho a la vivienda, para el que ha reiterado que no tendría que haber esperas.

A la vez, no se ha legislado cómo tiene que contribuir la Sareb y ceder a usos sociales el gran paquete de viviendas que adquirió cuando se constituyó con dinero público, ha lamentado, y ha añadido que las administraciones tendrían que acentuar la adquisición de vivienda pública por el derecho de tanteo y retracto.

Se han añadido este año quejas relacionadas con la RGC, sobre la que ha criticado "lagunas de información" por parte de la administración catalana, y ha reiterado que falta desarrollar el reglamento sobre esta renta, que podría subsanar algunas situaciones.

Ha alertado de dificultades para acceder al bono social, a la vez que detectan "prácticas abusivas de gestión de cobro de suministros básicos" por parte de agencias que trabajan para empresas energéticas e incluyen en registros de impago datos personales de personas reconocidas como victimas de pobreza.

DERECHOS POLÍTICOS

También ha expresado a Torrent su preocupación por la inestabilidad política que considera que se ha vivido este año en Catalunya, agraviada por la introducción de "medidas obstaculizadoras e intervencionistas" que han dificultado su gobernabilidad.

Esto se ha reflejado en que las quejas sobre Administración pública y derechos han crecido del 14% en 2017 al 24,8% en un año, y muchas han sido referidas a las manifestaciones y vulneraciones de la libertad de expresión o a la neutralidad de los espacios públicos --incluyendo la existencia de lazos amarillos--, ha señalado.

También ha habido personas que han visto vulnerado su derecho a la participación al no poderse traducir su voto en una investidura, y otras que han protestado por problemáticas como el voto desde el extranjero y, a preguntas de los periodistas, Ribó ha admitido que la subida de quejas puede darse tanto por el aumento de vulneraciones como por una mayor sensibilización.

El adjunto general al Síndic, Jaume Saura, ha añadido que en la libertad de expresión se incluyen circunstancias variadas, entre las que hay quejas de mujeres por la imposibilidad de acceder en 'topless' a piscinas públicas, aunque las políticas son mayoría en este crecimiento.

AUMENTAN LAS QUEJAS TOTALES

Ribó ha recibido en 2018 un total de 10.495 quejas, la cifra más elevada después de 2015 y que procedían de 14.000 personas, ya que algunas eran colectivas, en un año en el que ha atendido también 9.987 consultas y ha iniciado 264 actuaciones de oficio.

Las mujeres predominan en las quejas del ámbito social, mientras que en las interpelaciones sobre territorio y consumo, la mayoría son hombres, ha observado el síndic, que ha celebrado que este año la institución se ha acercado al 97% de aceptación de resoluciones --el 25% parcial-- y al 70% de ciudadanos que la conocen.

AGRESIONES AL TERRITORIO PARA ESPECULAR

También ha llamado la atención sobre las agresiones al territorio, que están creciendo con "proyectos urbanísticos con dimensión especulativa" en áreas del litoral, para lo que preparan un informe monográfico, junto a otro sobre la contaminación que hará especial énfasis en Barcelona y su área metropolitana.

"Quedan un año más los temas culturales y lingüísticos en un porcentaje ínfimo" que hace insistir en la inexistencia de conflicto lingüístico en Catalunya, como también se refleja en las atenciones del Defensor del Pueblo.

El informe apunta "retos de futuro" como la lucha contra las desigualdades sociales, por garantizar la vivienda como derecho y no como objeto económico, la igualdad de oportunidades en educación, la garantía de los niños como ciudadanos de pleno derecho, y la lucha contra la violencia machista y LGTBIfóbica y el abuso sexual infantil, entre otros.