Ceuta estudia recurrir una sentencia que la obliga a indemnizar a la familia de una mujer asesinada por un policía

CEUTA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta han comenzado a estudiar la posibilidad de elevar un recurso ante la sentencia que la condena como responsable civil subsidiaria del asesinato de una mujer a manos de su marido, un agente de la Policía Local que estaba de servicio cuando acabó con su vida al dispararle con el arma reglamentaria.

El fallo emitido por la Audiencia Provincial de Ceuta establece que la administración y el condenado por asesinato con alevosía deberán indemnizar a los familiares de la víctima con un total de 875.000 euros, de los que 500.000 euros irán destinados a la hija, que fue testigo del crimen e incriminada por la defensa del autor del asesinato durante el juicio.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal destaca la "deficiente actuación" de la Ciudad Autónoma en el control de los agentes de la Policía Local, especialmente en la supervisión de la salud mental y en el uso de armas reglamentarias.

El vicepresidente primero de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha reconocido este jueves que "desde el punto de vista técnico, está claro que algo falló". "La sentencia llegó ayer, se está analizando jurídicamente al objeto de recurrir o no, cuando tengamos un análisis podremos dar un posicionamiento más completo, y en base a la sentencia se analizarán los procedimientos internos que aplica la Ciudad", ha declarado el mandatario al ser preguntado por la prensa.

"Como no puede ser de otra manera acatamos cualquier tipo de sentencia", ha comentado. Ramírez ha incidido en el carácter puramente "técnico" del procedimiento, "reglado a través del servicio de prevención de la Ciudad o a través de la Jefatura". "Es una cuestión en la que políticamente poco podemos intervenir", ha afirmado.

El fallo de la Audiencia Provincial justifica la responsabilidad subsidiaria de la administración al poner de manifiesto la "falta de controles rigurosos o la ausencia de un armero operativo en el momento de los hechos", además de los antecedentes de ansiedad y la retirada temporal del arma del agente en 2001 y 2007.

El agente de la Policía Local ha sido condenado a 35 años y medio de cárcel, de ellos, 22 años y seis meses por asesinato. También deberá pagar por un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, delito de lesiones, con la concurrencia de la agravante mixta de parentesco y la atenuante analógica de enfermedad mental, y un delito contra la integridad moral.