CEUTA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno de Ceuta, Guillermo Martínez (PP), ha cifrado en "casi 80 millones de euros" el montante de las facturas impagadas con fecha anterior al pasado 31 de diciembre que pedirá financiar con cargo al programa impulsado por el Ministerio de Hacienda para que las entidades locales salden sus deudas pendientes.
El consejero ha precisado que la Administración local ha identificado 130 proveedores que serán incluidos en la relación que Intervención remitirá este jueves al Ministerio de Hacienda, un 80% PYMES y autónomos locales, aunque los mayores acreedores son constructoras y grandes empresas que prestan servicios como los de telefonía, suministro eléctrico, recogida y traslado a la Península de basuras y limpieza viaria.
Martínez ha explicado en rueda de prensa que un 82% de la mora de la institución tenía consignación presupuestaria y los correspondientes contratos e informes técnicos que la sostienen, mientras que el resto "se corresponde con trabajos sin consignación pero efectivamente realizados a precios de mercado por razones de urgencia o formalizados fuera de plazo".
El Ejecutivo local que preside Juan Vivas se propone elevar al Pleno antes de final de mes un Plan de Sostenibilidad a diez años vista con el que "liquidar" tanto la operación que ahora se concertará con las entidades financieras con el aval del Estado como la deuda bancaria viva a largo plazo que arrastra la institución, que el portavoz gubernamental ha cifrado en otros 129 millones de euros.
Durante la próxima década, en base a una previsión macroeconómica "conservadora" de crecimiento anual del PIB a un ritmo del 0,1% cada ejercicio, el Gobierno ceutí renunciará a concertar "ningún crédito a largo plazo" y fiará la inversión pública a realizar a la obtención de superávits.
Martínez ha asegurado que la proyección efectuada hasta 2022 no incluye incrementos de la presión fiscal sobre la ciudadanía y ha señalado a "la caída de los ingresos propios y las transferencias del Estado sufridas durante los últimos años como consecuencia de las erróneas previsiones de crecimiento del Gobierno central" como responsable de los impagos acumulados, aunque ha reconocido que en la Administración local había "algunas" facturas pendientes "desde hace bastantes años".
