CEUTA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Gobernación del Ejecutivo de Ceuta, Jacob Hachuel (PP), ha acordado sobreseer el expediente disciplinario abierto hace ocho meses a dos policías locales de la Ciudad Autónoma condenados por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en 2012 y el Tribunal Supremo en 2013 a dos años de prisión y 22 meses de inhabilitación especial por un delito de lesiones cometido en un control nocturno de tráfico en 2005 sobre un ciudadano que entonces tenía 57 años y que permaneció cuatro días hospitalizado, medio año en tratamiento y dos meses de baja.
La Audiencia dictó en mayo de 2014 un auto acordando la "suspensión" de la pena de cárcel y la accesoria de inhabilitación siempre y cuando los dos agentes no cometiesen ningún delito durante dos años, plazo que se cumple dentro de cinco meses.
El Gobierno que preside Juan Vivas acordó, en paralelo, la apertura de un expediente disciplinario cuyo instructor concluyó, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, con un informe en el que señaló que "es lógico que cualquier condena penal de un funcionario a inhabilitación absoluta o especial, ya sea como pena principal o accesoria, suponga la pérdida definitiva del cargo que ocupara".
En su argumentario se remitió a la jurisprudencia que establece que "la condena penal de inhabilitación constituye una incapacidad para la función pública (por el nivel de irreprochabilidad que su ejercicio requiere), de manera tal que, por un lado, impide su acceso y, por otro, cuando la condena recae sobre la persona que ya ingresó en ella, actúa a modo de condición resolutoria que opera automáticamente sobre la relación funcionarial".
El titular de Gobernación pidió ayuda para tomar una decisión a la Audiencia: "Este consejero --explica-- se encuentra ante la disyuntiva de entender que la suspensión impuesta a los condenados no afecta a la pérdida de su condición de funcionarios y que dicha suspensión de la condena se referiría al plazo de prohibición de reingreso en la Administración, o bien entender que la suspensión supone que se mantiene la condición y que, en su caso, procedería la imposición de las sanciones disciplinarias que hubiere lugar".
La respuesta que recibió fue que "esta Sala no puede ni debe asesorar al órgano ejecutivo de esta Ciudad Autónoma conforme a la Constitución Española". El Gobierno ha optado ahora, "atendiendo al criterio de los Servicios Jurídicos de la Administración", por la salida más favorable para los agentes condenados, según han defendido en declaraciones a los medios el propio Hachuel y el presidente autonómico, Juan Vivas.
Tarek Mizzian, el hijo de la víctima, a cuyos descendientes se ordenó el pago en concepto de responsabilidad civil de más de 18.000 euros que sí han sido abonados, ha acusado al Ejecutivo local en declaraciones a Europa Press de "prevaricar" y ha anunciado que solicitará la "ejecución forzosa" de las sentencias.
En ellas se detalla que los condenados, tras dar el alto, perseguir y alcanzar a Abselam M.M., "descendieron de su vehículo y se dirigieron al conductor, a quien, una vez fuera de su automóvil, sujetaron violentamente, y hallándole solo, conscientes de la desproporción de fuerza existente, de común acuerdo golpearon, derribaron y una vez caído, le colocaron los grilletes y conjuntamente continuaron dándole golpes, desoyendo sus lamentos de dolor".
