CEUTA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha decidido pagar con dinero público "a la mayor brevedad posible" a dos jóvenes de la ciudad autónoma, cuya identidad responde a las iniciales E.T.P. y E.R.R., un total de 17.000 euros en concepto de indemnización para cumplir la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenó a tres policías locales, A.J.G., J.R.G.O. y M.A.P.R., como responsables de dos faltas de lesiones imprudentes definidas en el artículo 621.3 del Código Penal.
A tal efecto, la consejera de Presidencia y Gobernación, Yolanda Bel, ha dirigido un Decreto a "los órganos competentes" de Hacienda argumentando que los tres condenados "realizaron sendas comparecencias ante la Consejería de Presidencia, Gobernación y Empleo manifestando que carecen de bienes para hacer efectivo dicho pago" a pesar de que sus retribuciones mensuales ascienden, según fuentes policiales, a cerca de 3.000 euros al mes como funcionarios de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) del Cuerpo.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos juzgados tuvieron lugar el 24 de noviembre de 2007, cuando E.R.R. (que también fue condenada por una falta de desobediencia leve) entabló una discusión con el portero de un pub. En ese momento intervinieron los policías, que según la sentencia dictada por conformidad en junio "excediéndose en el ejercicio de sus funciones y faltando levemente a las reglas policiales que exigían su intervención, en el revuelo que se había formado y con el fin de disolver la reyerta, sin ánimo de causar lesión", golpearon a los dos jóvenes.
Uno sufrió heridas que tardaron dos semanas en curar y un perjuicio estético "ligero" a causa de ella. Su compañera, una fractura y policontusiones por las que tuvo que estar de baja más de dos meses. La Audiencia Provincial suspendió hace un año la primera vista oral programada porque "se observó que en el auto de apertura del juicio oral se había omitido hacerlo contra el responsable civil subsidiario Ciudad Autónoma de Ceuta, así señalado por la Acusación Pública, que solicitó la suspensión del juicio y la devolución de la causa al instructor".
En abril, las acusaciones decidieron retirar el "ánimo de atentar contra la integridad física" de los jóvenes que inicialmente se imputaba a los policías locales y se llegó a una condena por conformidad. El cuarto punto del fallo establece "la responsabilidad subsidiaria de la Ciudad Autónoma de Ceuta por las sumas antes señaladas y sus intereses si los agentes no las hiciesen efectivas". A él apela la Consejería de Gobernación para, a partir de la insolvencia que se atribuyen los condenados, abonar en su nombre la indemnización acordada, que Hacienda ha decidido pedir a Personal que vaya deduciendo de las nóminas de los policías.
