CEUTA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha cesado este miércoles a uno de sus asesores, Jesús González Barceló, que entre 2004 y 2015 fue gerente del PP Regional y diputado autonómico la pasada legislatura, al conocerse tras el levantamiento del secreto de sumario que es uno de los investigados por presunto tráfico de influencia alrededor de la adjudicación irregular de viviendas protegidas y otros "chanchulleos", según se refiere a sus "favores" la Policía Nacional en los informes incluidos en el sumario del 'caso Emvicesa', a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press.

Según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico, el presidente ha "perdido su confianza" en González Barceló, que el pasado 4 de enero declaró en sede judicial como investigado que hace al menos seis años pidió a Vivas que "destituyera" al gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (EMVICESA), Antonio López, en prisión provisional desde hace dos meses acusado entre otros delitos de cohecho y organización criminal, porque en la ciudad se estaban "comprando" las casas de promoción pública.

De acuerdo con los informes evacuados por la Udyco, González Barceló "se encuentra en una línea limítrofe muy pequeña entre lo que se establecería como presunto delito de tráfico de influencias y lo que él mismo llama como favores".

La Policía Nacional mantiene las "infinitas conversaciones" telefónicas intervenidas al exgerente del PP de Ceuta "a disposición de la autoridad judicial y fiscal" por si se pudieran derivar responsabilidades de sus "chanchulleos" para conseguir contratos en los Planes de Empleo de la Administración local, puestos de trabajo en empresas privadas, etcétera, siempre "gratis" según sus explicaciones.

En una de ella se puso en contacto con el actual diputado por Ceuta en el Congreso, Juan Bravo (PP), "para solicitar que una joven pudiera entrar a trabajar como vigilante de seguridad en el nuevo Centro Penitenciario de la ciudad". La respuesta del parlamentario nacional, que le dijo que era "imposible", es utilizada por la Policía para destacar que "pone la parte positiva y honrada de un político (Bravo) frente a otro del que se verifica constantemente el 'chanchulleo' de las gestiones que quiere conseguir, es decir, falta de rigor político y moral".

El 'caso Emvicesa' mantiene en prisión desde mediados de febrero a López y a otras tres personas, sus supuestos "conseguidores" de dinero a cambio de VPO. Además se detuvo a las exconsejeras de Hacienda y Educación, Susana Román y Rabea Mohamed, que abandonaron todos sus cargos a los pocos días, y al líder del segundo grupo de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali. La lista total de investigados supera el medio centenar de personas.

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