La oposición reclama un Pacto por la Ciencia que revierta los recortes y mejore la situación laboral de los investigadores
MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso ha reclamado este jueves la creación de una Oficina de Ciencia y Tecnología en la Cámara, que sirva como "soporte a la labor parlamentaria".
Esta medida forma parte de una proposición no de ley de Ciudadanos, apoyada por todas las fuerzas parlamentarias, a excepción del PP y ERC, que se ha abstenido, en la que se recoge esta propuesta que, el pasado mes de febrero, ya trasladaron al Congreso un grupo de científicos, bajo el nombre de 'Ciencia en el Parlamento'.
El objetivo de esta iniciativa, es crear un foro común donde investigadores y políticos debatan sobre cómo el método científico puede ayudar a la elaboración de leyes más justas, basadas en la evidencia y con herramientas para su evaluación. Se trata, además, de un comité que ya existe en otros países del entorno.
Ahora, las formaciones llaman lograr la puesta en marcha de este órgano, junto con Comité Asesor de Ciencia y Tecnología que, según el texto de Ciudadanos, debe asesorar directamente al presidente del Gobierno y a todo el Ejecutivo, en relación a las políticas públicas de I+D+i.
La proposición no de ley naranja, recogida por Europa Press, también urge a conseguir un Pacto de Estado por la ciencia que permita recuperar al sector de la I+D los recortes sufridos en sus partidas de los últimos años y mejorar las condiciones laborales de los investigadores españoles.
En concreto, pide que la inversión pública en ciencia se sitúe por encima del crecimiento del PIB, hasta alcanzar un nivel de inversión pública "similar a la que había previamente a la crisis". El objetivo, según el texto, es una financiación equivalente al 2% del PIB "en los próximos años".
Impulsar la Red Cervera de transferencias tecnológicas,, desarrollar medidas para la atracción y retención de talento científico, profundizar en medidas de desarrollo de centros o grupos de investigación excelentes o promover las bases para el desarrollo de una industria de alto componente tecnológico, son otras de las sugerencias que el texto plantea al Gobierno para poner en marcha.
PIDEN QUE ACATE LA SENTENCIA DEL SUPREMO
Sin embargo, el punto del texto que más peso ha tenido en el debate en la Cámara ha sido la necesidad de simplificar la burocracia administrativa de la gestión de proyectos de investigación y en la contratación de personal, "de tal manera que se favorezca al desarrollo de los mismos y su correcta ejecución", según detalla la formación naranja.
Entre las medidas que se adjuntan a esta petición, está la que se refiere a la necesidad de que el Ejecutivo cumpla la sentencia dictada el pasado abril por el Tribunal Supremo, en la que señala que el Gobierno debe aprobar, antes de seis meses, la normativa necesaria para actualizar los sueldos de 877 funcionarios titulares de Organismos Públicos de Investigación (OPI).
Tras un recurso puesto por una veintena de estos afectados, el Tribunal ha estimado que el Ejecutivo ha incumplido su obligación de desarrollar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la que se recoge la Escala de Investigadores Titulares de los OPI por la que estos investigadores debía recibir complementos por méritos (quinquenios) y de excelencia científica (sexenios).
Tanto la portavoz del PSOE en esta materia, María González Veracruz, como su homóloga de Unidos Podemos, Nagua Alba, han criticado la inacción del Gobierno en un proceso que es "su obligación" y le han recriminado que la Justicia esté resolviendo, finalmente, este tema.
EL PP SE DEFIENDE
Ambas formaciones han recordado que el tema de la simplificación burocrática en la carrera investigadora ya se trató en una iniciativa socialista, que también fue apoyada por la mayoría de las fuerzas parlamentarias, en junio de 2017.
Sin embargo, el PP ha quitado hierro a esta situación. Su portavoz de I+D en la Cámara Baja, Juan Bravo, ha señalado que el Ejecutivo ya ha solucionado el problema del pago de quinquenios y sexenios a científicos, a partir de enero de 2018. Según ha indicado, había dudas con la interpretación del texto, una cuestión que, ahora ha solucionado la sentencia del Supremo. "Ya no hay problema", ha declarado.
