MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha sacado adelante algunas de las medidas que llevaban tiempo siendo demandadas por la comunidad científica, como la eliminación de la intervención previa en Organismos Públicos de Investigación (OPI). Otras medidas, como el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) quedan en el aire.
Una de las medidas más importantes y que con más urgencia reclamaban los científicos era la eliminación de la fiscalización previa a los OPI, que no permitía a estos centros poder ejecutar su presupuesto sin antes un control previo público. En su lugar, se ha sustituido por el control financiero permanente, que estaba vigente hasta 2014.
Esta iniciativa estaba incluida en el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno en materia de I+D+i en el último Consejo de Ministros, celebrado el 8 de febrero.
Este conjunto de medidas aprobadas por real decreto también incluye una modificación de la Ley de la Ciencia para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica.
Con esta acción, el Gobierno pretendía rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos. A ello se suma la oferta de 1.454 plazas (el 58% de las 2.528 plazas totales de empleo público) en OPI, medida que fue aprobada el 25 de enero.
SEXENIO DE TRANSFERENCIA
El Ministerio también ha creado un nuevo sexenio, el de transferencia del conocimiento, para reconocer a aquellos investigadores que se dediquen a la formación de otros investigadores o que generen valor económico y/o social.
Hasta ahora, cada investigador podía solicitar un máximo de seis sexenios de investigación en determinados campos, en los que a lo largo de seis años se debía acreditar una serie de méritos relacionados con la investigación. Conseguir un sexenio supone prestigio y reconocimiento para el investigador, pero además una compensación económica a lo largo de su vida.
Con este nuevo sexenio, que es una transformación del sexenio tecnológico (que apenas tuvo éxito en 2017), los investigadores podrán acreditar otro tipo de actividades, y podrá ser solicitado por docentes universitarios e investigadores de 11 áreas, incluidas Ciencias Sociales, Arte o Filosofía.
IGUALDAD DE GÉNERO
Para lograr una mayor igualdad, el departamento dirigido por Duque también ha modificado la Ley de la Ciencia para que las investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica.
Esta medida, que se pretende aplicar en todas las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, también era una de las más reclamadas por el sector, en especial, por las científicas que eran madres.
Y ha creado el Observatorio 'Mujeres, Ciencia e Innovación' para la Igualdad de Género (OMCI), que con ministerios a nivel de Dirección General y constituido en enero, tiene como objetivo identificar y denunciar situaciones de desigualdad entre los investigadores e investigadoras y promover la igualdad de género.
Por otro lado, el Ministerio ha recuperado durante el Ejecutivo socialista la convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación, tras un paréntesis de cuatro años; ha aprobado partidas destinadas a la recuperación de talento español; y ha devuelto las Medallas a nueve prestigiosos científicos españoles que fueron represaliados nada más comenzar la dictadura franquista.
MEDIDAS PENDIENTES
Entre las medidas que se quedan en sin ver 'luz verde' se encuentran el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que se encuentra a la espera para ir a Consejo de Ministros.
Este Estatuto, reclamado desde hace años por el colectivo al que afecta, proponía un salario mínimo de 16.422 euros anuales, así como el derecho a que estos investigadores se beneficien de los incrementos salariales que afectan a los empleados públicos laborales del Grupo 1.
También se queda en el aire la extensión del sistema de incentivos basado en la evaluación de méritos, sexenios y quinquenios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de universidades al resto de Organismos Públicos de Investigación (OPI) --en total hay seis--, algo que por Ley debería haberse aplicado desde 2014.
Sin embargo, no se ha llegado a aplicar nunca esta homologación de categorías profesionales porque hasta la fecha no se había aprobado ningún aumento salarial para los funcionarios.
