Actualizado 24/03/2017 17:27
- Comunicado -

Debate político y social ante la regularización de la gestación subrogada

PIXABAY
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El popularmente conocido vientre de alquiler continúa siendo objeto de un extenso debate en el que encontramos opiniones dispares

Madrid, 23 de Marzo de 2017.- La regularización de la gestación subrogada es un debate que está encima de la mesa ahora mismo. Partidos políticos y colectivos sociales se posicionan ante este tratamiento de reproducción asistida que, como poco, es polémico. ¿Está España de acuerdo en la legalización del vientre de alquiler? Estos son los diferentes puntos de vista en gestación subrogada

En contra: mercantilización del cuerpo femenino

La campaña No Somos Vasijas defiende el derecho a decidir durante el embarazo y la posterior crianza, cuidado y educación del bebé. Considera que los contratos de gestación subrogada impiden a la gestante a cambiar de opinión a la hora de decidir quedarse con el bebé. Ello implica un control sexual y la mercantilización, el tráfico y la creación de una granja de mujeres. Un embarazo no es una técnica de reproducción asistida. Aunque se legalizara la versión altruista, acabaría comercializándose. Dicen no a la lógica neoliberal que quiere introducir en el mercado los vientres de alquiler: una mujer no se puede comprar o alquilar ni parcial ni totalmente. El término gestación subrogada es un eufemismo para un negocio que viola los Derechos Humanos.

Para la Iglesia católica y los conservadores, es una forma de enmascarar la explotación de la mujer y el menor. Gestación subrogada es un sinónimo del término vientre de alquiler como interrupción del embarazo lo es para aborto. Contraviene el orden natural de la concepción humana y ocasiona problemas de identidad en el menor. Tanto niños como mujeres son seres humanos y no se les puede poner un precio. Recomiendan recurrir a la adopción tradicional o la acogida.

Sin postura oficial: ¿explotación o justificada por razones médicas?

En el caso de Podemos, donde existe un debate abierto, la postura generalizada es contraria a abrir un nuevo mercado. Los defensores ven bien un modelo como el de Brasil, en el que la gestante debe ser de la familia; el de Portugal, en el que se reserva en un principio para mujeres sin útero; o el de Reino Unido, donde es el Estado el que controla que no haya transacción económica entre las partes. Los detractores insisten en que embarazo no es sinónimo de técnica reproductiva y la ven como una forma de mercantilizar el cuerpo de la mujer, quien crea un vínculo con el feto durante la gestación. Genera un mercado en el que las mujeres más pobres terminan vendiéndoles su cuerpo a los ricos. La firma del contrato supone la imposibilidad de arrepentimiento por parte de la gestante, lo que vulnera su derecho a abortar sin que ello equivalga a incumplir las condiciones.

El PSOE, en general, se muestra en contra. Reconocen que existe la necesidad de tener un hijo, pero no la consideran un derecho. Supondría la explotación de los derechos reproductivos de las mujeres: no es posible que algo que genera un mercado sea un buen regulador de las relaciones humanas. Podrían mostrarse más favorables si se aprobase un modelo altruista, es decir, sin compensación económica.

El PP se muestra totalmente en contra de la explotación de la mujer, pero asume que, si no se regularizase, los españoles seguirían recurriendo a esta técnica en el extranjero, de modo que solo los ricos terminarían siendo padres. Por ello, se ha permitido el voto en conciencia.

A favor: la paternidad es un derecho fundamental

Entre los que se muestran a favor encontramos a Ciudadanos (Cs), la Asociación Son Nuestros Hijos (SNH) y la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

Cs, para quienes ser padre es un derecho y no puede depender del dinero que se posee, propone un modelo que garantice los derechos de todas las partes como en Canadá, donde la ley contempla la tipología altruista, aunque permite una compensación por los gastos generados de, como máximo, 22.000 $ CAD (16.000€). Allí, se prohíben los intermediaros y la publicidad, y pueden acceder todos los modelos de familia y padres de intención extranjeros. Las gestantes deben tener mínimo 21 años y carecen de derechos legales sobre el bebé. Existe una sentencia judicial que permite el acuerdo entre las partes.

Para SNH, las familias creadas de esta forma son iguales en derechos y obligaciones al resto. Apuestan por un modelo que permita una compensación económica sin discriminaciones, pero en el que la gestante participe de forma voluntaria, altruista y en plena capacidad, por lo que recibirá asesoría legal para reforzar su autonomía y capacidad de decisión, y se asegurarán los cuidados médicos durante el embarazo. La mujer subrogada es quien gesta al bebé, en ningún caso la madre, por lo que es incorrecto hablar de vientre de alquiler, alquiler de útero o maternidad por encargo. Los pacientes son los padres legales y asumen con ello todas las consecuencias. Deberá existir un documento expreso de asignación de tutela en caso de fallecimiento de los mismos antes del nacimiento y se debe respetar el derecho del menor a conocer sus orígenes.

La SEF lanzó su Propuesta de Bases Generales para la regulación en España en 2016, la cual contempla un modelo apto para todo tipo de familias, siempre que exista una razón médica que impida el embarazo o esterilidad estructural. Tras la aprobación de la solicitud por un Comité Ético, se llevarán a cabo pruebas médicas y psicológicas de las que se derivará un informe de los servicios sociales para determinar la idoneidad de la gestante. Su propuesta limita el número de embriones a transferir a dos por ciclo. La gestante, quien podrá recibir una compensación económica prefijada por la Administración Pública, deberá tener al menos un hijo propio sano y no podrá ser de la familia o una empleada, ni tener un vínculo de dependencia o jerarquía con los futuros padres. Contemplan la creación de un registro nacional de gestantes y aceptan que se haga publicidad, siempre que no se aliente con la oferta de beneficios económicos. Aceptan la participación de agencias sin ánimo de lucro.

Ante este escenario se desconoce totalmente si la gestación subrogada realmente se legalizará en nuestro país o no, lo que sí se sabe es que dará mucho de qué hablar.

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Pedro Fernández

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