Vecinos por Algete lamenta que la nueva tasa de basuras se cobre por metros cuadrados y no por habitantes

(Información remitida por la empresa firmante)

• El partido local recuerda que el Ayuntamiento rechazó en el Pleno de diciembre de 2024 sus alegaciones para fijar la cuota según los residentes empadronados.
• La formación advierte de las consecuencias injustas de este modelo para personas mayores solas o familias vulnerables con viviendas de mayor tamaño.

Con motivo de la puesta en marcha y emisión de las liquidaciones de la nueva Tasa de Gestión de Residuos en el municipio, el partido político local Vecinos por Algete ha vuelto a lamentar que el recibo se calcule en función de la superficie construida del inmueble y no del número de personas que habitan en él.

La formación recuerda que esta fórmula fue aprobada de forma definitiva por el Pleno municipal en diciembre de 2024, tras desestimar el equipo de gobierno (PP, UCIN y USD) todas las alegaciones presentadas por Vecinos por Algete. En aquel periodo de alegaciones, el partido ya advirtió de que tasar los residuos en base a los metros cuadrados constituía un criterio injusto y desproporcionado que no guarda relación directa con la basura que realmente se genera en cada domicilio.

El portavoz de Vecinos por Algete, Sergio Velasco, ha subrayado que los vecinos comienzan ahora a sufrir las consecuencias de una ordenanza mal planteada: “Desde Vecinos por Algete ya pedimos en su momento una redacción que fijara un criterio más justo y real que el de la superficie construida para determinar la tasa. Además, reclamamos una progresividad fiscal efectiva, bonificaciones a determinados colectivos y entidades, y un modelo sostenible medioambientalmente tanto para viviendas como para locales comerciales e industriales, pero el equipo de gobierno desestimó nuestras alegaciones”.

Desde la formación insisten en que este sistema penaliza de manera flagrante a vecinos en situación de vulnerabilidad, tales como personas mayores que viven solas o familias con bajos ingresos que residen en viviendas amplias, pero generan muy pocos residuos.

Sergio Velasco ha recordado asimismo la justificación que ofreció en su día el equipo de gobierno para rechazar su propuesta: “Nos pareció inaudito que el propio consistorio admitiera la dificultad de mantener los padrones actualizados por escasez de medios personales y materiales para negarse a aplicar la tasa por residente. Igual que se destinan recursos a otras áreas, el Ayuntamiento de Algete debería haber hecho todo lo posible por implantar un sistema justo que cobrara en función de las personas que realmente viven en la casa”.

Pese a que la Ley 7/2022 de residuos obliga a repercutir los costes del servicio bajo el principio de “quien contamina paga”, Vecinos por Algete reitera que el consistorio optó por la vía más perjudicial para muchos hogares, desoyendo las alternativas técnicas y sociales que el partido puso sobre la mesa.

La nueva tasa es una obligación que impone a los Ayuntamientos la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Dicha norma prevé que la tasa ha de ser no deficitaria y ha de aproximarse lo máximo posible al coste real del servicio, teniendo en cuenta los posibles beneficios fiscales que se pueden implementar. Asimismo, recoge que la norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada sujeto pasivo con efectos a partir del 10 de abril de 2025, sino que, lo que se pretende, es que paulatinamente se incorporen estos sistemas, de acuerdo con el principio “quien contamina paga”.

En la ordenanza fiscal de recogida de basuras de Algete, como se fundamenta en la memoria técnica-económica, se opta por una cuota fija y una cuota variable, en función del tipo de uso/actividad del bien inmueble y de la superficie construida de éstos, de conformidad con la información obtenida del Catastro Inmobiliario y de otras fuentes de la entidad (IAE, basuras, licencias,…), al considerar que el tamaño de un supermercado o de una vivienda presenta una correlación razonable y proporcional con la generación de residuos y resultan respetuosos con los principios de igualdad, justicia tributaria y capacidad contributiva.