VALENCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ha solicitado al nuevo Gobierno y, en concreto, a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que constituya un observatorio para modernizar y agilizar la justicia en la autonomía.
Esta comisión, bajo la presidencia de su titular y con la asistencia de los decanos de los Colegios de Abogados de Valencia, Alicante, Castellón, Elche, Alcoy, Orihuela, Sueca y Alzira, se ha pronunciado así en un comunicado a la vista de que el 'Acord del Botànic' no se hace ninguna referencia a la Administración de Justicia en la Comunitat
Ante esta situación, ha solicitado tanto al Ejecutivo como a Bravo que constituyan, con la "mayor urgencia", el 'Observatorio de la Justicia', en el que deberán participar "activamente" todos los operadores jurídicos, jueces, fiscales, secretarios, abogados y procuradores, y, por supuesto, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
El objetivo de este observatorio será identificar las necesidades, estudiar las posibles soluciones, su coste y financiación de los problemas en la justicia para que en esta nueva legislatura se pueda hablar de una administración moderna en la Comunitat.
Este colectivo también ha solicitado a los responsables públicos que se comprometan, pública e inequívocamente, a la efectiva dotación, conforme a las competencias transferidas, de los medios materiales y personales necesarios para el buen funcionamiento de la administración de justicia, "poniendo fin a las inaceptables carencias que vienen soportando los juzgados y tribunales de la Comunitat".
Al respecto, proponen comenzar, en cuanto dependa de sus competencias, con la "inmediata" dotación y puesta en marcha, en su mayor parte aún pendiente en estos momentos, de los 20 juzgados de nueva creación, de distintos órdenes jurisdiccionales, aprobados para esta Comunitat por RD 819/10 de 25 junio.
Así mismo, han solicitado que se comprometan públicamente a mantener el actual modelo de Asistencia Jurídica Gratuita, por ser el que mejor garantiza a los ciudadanos sin recursos su derecho de acceso a la justicia.
Reclaman extender dicho beneficio a cuantas actuaciones resulten necesarias, para su defensa integral, no solo en sede judicial, sino también en vía administrativa; así como incluir la mediación y a introducir las mejoras tecnológicas requeridas para la mejor y más eficiente gestión del servicio; y a negociar de buena fe, con los Colegios de Abogados y Procuradores, una remuneración digna y suficiente, acorde con la función que desempeñan, a la que tienen derecho y de la que se han visto privados los profesionales de la Comunitat, cuyo baremo retributivo, que ni siquiera incluye todas las actuaciones que realizan los abogados, sufrió además, en enero de 2012 y después de siete años de congelación, un "brutal" recorte, por parte de la Conselleria de Justicia, del orden del 35 por ciento.
Los letrados también piden a los garantes públicos que promuevan la "total supresión" de las tasas judiciales; y que se comprometan públicamente al desarrollo "pleno" de la competencia legislativa sobre derecho civil valenciano.
