VALENCIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, ha denunciado que un solo funcionario debe vigilar a más de 100 reclusos en varios módulos de la cárcel valenciana de Picassent, lo que genera una situación de "peligro" realmente "dramática".
El sindicato ha afirmado en un comunicado que en los últimos años se ha ido reduciendo de forma paulatina el número de funcionarios del centro: en primer lugar, dejaron de incorporarse trabajadores en prácticas, al no haber nuevas convocatorias para funcionarios de nuevo ingreso; posteriormente, no se han ido sustituyendo a los trabajadores que se jubilaban o fallecían, y tampoco a muchos de los que obtenían plaza en otro centro penitenciario.
Asimismo, desde la dirección del centro se han creado nuevos puestos de trabajo que no existían originalmente, es decir son "alegales", y "requieren un mayor número de funcionarios de servicio cada día", ha advertido.
Esta situación "se ve agravada especialmente en los meses de verano, en las que los trabajadores de prisiones, como el resto, deben disfrutar sus vacaciones", ha dicho. El resultado es que con los efectivos existentes es "imposible" cubrir cada día los servicios mínimos del centro.
Así, "se puede afirmar, por tanto, que cada día trabajan menos funcionarios en el centro de los que son necesarios para un correcto funcionamiento del mismo, o de los que habría trabajando, por ejemplo, en el caso de una convocatoria de huelga", ha insistido Acaip.
Y ha puesto como ejemplos que en la mayoría de los módulos se ha reducido el número de funcionarios de servicio, ya que donde antes había dos funcionarios, ahora solo hay uno; y en aquellos que por volumen de internos o peligrosidad de los mismos había tres, ahora solo hay dos. Ello supone que en varios módulos del centro un solo funcionario tenga que vigilar a más de 100 reclusos.
Esta reducción afecta, por tanto, no solo a los módulos con internos primarios o poco conflictivos, "sino también a aquellos que alojan a internos que han demostrado su inadaptación al régimen de vida normal, que han protagonizado y siguen protagonizando incidentes de forma habitual --entre otros agresiones a funcionarios-- e, incluso, a los departamentos de Primer Grado, donde se ubican los internos considerados como muy peligrosos".
Es decir, ante una situación "límite", la dirección del centro no ha optado por llamar a trabajadores que estuvieran descansando para cubrir esos servicios básicos, compensándoles de forma adecuada, no ya económicamente en concepto de horas extras, sino con días libres, tal y como se ha venido haciendo en años anteriores "sin ningún tipo de problema". "La única solución que se les ha ocurrido pasa por reducir el número de funcionarios que está en cada uno de los departamentos vigilando a los internos", ha lamentado.
DECISIÓN "TEMERARIA"
A juicio de Acaip, esta decisión es cuanto menos "temeraria" y supone que se ponga en un "grave riesgo" la seguridad de los trabajadores del centro, a los que, además, "se obliga de forma consciente a que incumplan la normativa interior del centro, y los protocolos de seguridad del mismo, que están pensados para que haya de servicio en cada departamento un número superior de funcionarios que los que en la actualidad se están asignando".
La dirección del centro --ha agregado-- está "más preocupada" de "venderse" ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en Madrid, "demostrando lo bien que se gestiona el mismo, que no importa que se reduzca el número de efectivos, sin preocuparse en absoluto de la seguridad de sus trabajadores".
Ante esta situación, Acaip ha presentado un escrito ante la Dirección del Centro Penitenciario que, "como casi siempre", no ha tenido respuesta, ya que la dirección "no quiere rebajarse a escuchar las propuestas de los trabajadores o sus representantes", ha criticado.
En este escrito el sindicato expone que si algún trabajador sufre algún tipo de daño achacable a esa reducción en el número de los que presta servicio, entablará las correspondientes acciones judiciales en la vía penal, así como reclamaciones por responsabilidad patrimonial por un "mal funcionamiento" de la Administración.
