ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante) y la empresa Cemex suscribieron hoy un protocolo de intenciones para negociar el cese de actividad de la fábrica de cemento blanco situada en el municipio, según informaron hoy en un comunicado fuentes municipales.
La alcaldesa de San Vicente del Raspeig, Luisa Pastor, y el consejero-director general de CEMEX España, Ignacio Madridejos, firmaron hoy el protocolo de intenciones para negociar un posible cese de actividad de la fábrica que comenzó a funcionar hace unos 80 años. El acuerdo fue aprobado en el Pleno del pasado miércoles, 28 de junio, con los votos a favor de los grupos del PP, PSOE y Bloc.
Así, el Ayuntamiento de San Vicente y Cemex mantendrán, en todo momento, sus responsabilidades en la vigilancia y control del medio ambiente de una fábrica que, debido al crecimiento de la ciudad, ha quedado situada en un entorno cada vez más urbano.
De esta forma, a través de este protocolo, CEMEX España quiere comprometerse públicamente con el comité de empresa a trabajar conjuntamente en las posibles soluciones que se planteen para los trabajadores, así como en informarles puntualmente de cada avance que se produzca durante la negociación.
El acuerdo consta de ocho principios. El primero es evaluar la posibilidad del cese de la actividad de la fábrica en un plazo determinado. El segundo se refiere a que el cese no afectará a la plantilla, ya que se buscarán alternativas de empleo para los trabajadores. El tercero dice que los costes derivados del cese de actividad se financiarán con la venta de los terrenos, y las plusvalías, si las hubiese, serían destinadas a implantar nuevas actividades.
En esta línea, el cuarto punto del acuerdo habla de que el Ayuntamiento encargará un estudio para conocer los costes del cese de la actividad. El quinto explica que Cemex pedirá a una empresa que realice un estudio sobre las alternativas urbanísticas y de uso del suelo, cuyas conclusiones serán consideradas por el Consistorio.
En sexto lugar, se contempla que las conversaciones para un posible acuerdo sobre los costes, el desmantelamiento, la descontaminación y los planes urbanísticos han de producirse antes del 31 de diciembre de este año mediante una mesa de negociación en la que estarán representados todos los tres partidos políticos. A partir de esa fecha, habrá un programa concreto de actuaciones.
El séptimo punto se refiere al compromiso de la empresa de mantener informado al Comité de Empresa de las negociaciones y los trámites. Y finalmente, el octavo contempla la máxima transparencia de los trámites y los pasos a seguir por las dos partes en la ejecución del protocolo, según indicaron las mismas fuentes.
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