Foto: Europa Press
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ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado la imputación de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, el exgerente de Urbanismo de la ciudad Enrique Sanus y una técnica de este departamento, Isabel Campos, en el marco de la investigación del Plan Rabasa, al constatar que siguen existiendo indicios delictivos contra ellos.
"Como refiere el juez instructor, basta que existan unos indicios mínimos provisionales y una probabilidad de perpetración del hecho delictivo para que deba decidirse la continuación del procedimiento por sus trámites", concluyen los magistrados.
Además, descartan declarar la nulidad de las intervenciones telefónicas practicadas en el sumario del 'caso Brugal', del que deriva la causa de Rabasa, al no ser el momento procesal oportuno para plantearla, ya que esa cuestión ha de encuadrarse en la fase de juicio oral y resolverse mediante sentencia.
La Audiencia ratifica de este modo el auto dictado el pasado 16 de septiembre por el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, en el que acordaba recibir declaración como imputados a Sanus, Campos, Castedo y el constructor Enrique Ortiz. El magistrado confirmó esa resolución mediante otro auto el 12 de noviembre siguiente, que fue recurrido por las defensas en apelación.
OTROS CUATRO PRONUNCIAMIENTOS
El tribunal recuerda a los abogados de la exalcaldesa que la posible nulidad de los 'pinchazos' telefónicos de la 'Operación Brugal', autorizados por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela, ya ha sido resuelta por la Audiencia hasta "en cuatro ocasiones", por sus secciones primera, segunda, tercera y séptima en un mismo sentido. Esto es, que esa nulidad ha de esgrimirse en el trámite de cuestiones previas al inicio del juicio.
"Este momento es el más indicado para sanear el procedimiento, pues el objeto procesal ya está delimitado por los respectivos escritos de conclusiones provisionales y las partes ya han propuesto los medios de prueba que consideran útiles y relevantes para sus respectivas pretensiones", arguye la sala.
En ese momento procesal, el tribunal sentenciador tendrá una "mejor perspectiva de análisis del concepto de las actuaciones y las posibles interacciones entre los medios de prueba en el caso de apreciar la nulidad de algún medio o fuente de prueba".
En cuanto a la imputación de los tres sospechosos, señalan los jueces, "tal juicio de trascendencia ha de realizarse al momento de la finalización de la fase de instrucción, pues en este momento sería prematuro pronunciarse".
NEGATIVA A LA TESTIFICAL DE UN JUEZ
Igualmente, la Audiencia ha rechazado en su auto, fechado el pasado viernes y facilitado este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) llamar a declarar como testigo al juez Carlos Sanmartín, quien instruyó en su día el grueso del 'caso Brugal' y remitió diversas piezas separadas del sumario, entre ellas la de Rabasa, a otros juzgados.
"No es admisible citar a declarar al titular del juzgado que se indica, cuestión que tampoco tiene que ver con la resolución apelada, cuyos pronunciamientos son los que pueden ser objeto de impugnación y análisis por la vía de este recurso", establece la sección primera de la Audiencia.
En este sentido, el auto apunta a que testigos es toda aquella persona "ajena al proceso". Los miembros de la carrera judicial, lo mismo que un fiscal o un secretario judicial, pueden declarar como testigos sobre hechos de los que han tenido conocimiento "como particulares", pero no sobre los que han intervenido "por razón de sus cargos y sobre los que han dictado resoluciones".
Por otro lado, el tribunal ha resuelto no pronunciarse sobre diversas exigencias planteadas por las defensas hacia las acusaciones populares, que ejercen en estas diligencias el PSPV-PSOE y EU, tanto por lo que respecta a las fianzas para personarse en la causa como a su actividad acusatoria en la investigación. Sí ha acordado, en cambio, acceder a que la representación procesal de Castedo acceda a cualquier testimonio que obre en el 'caso Rabasa'.
En esta pieza separada del sumario de Brugal están imputados el constructor Enrique Ortiz, Sanus, la propia exalcaldesa y la jefa jurídica de la Concejalía de Urbanismo, Isabel Campos, después de que la propia sección primera de la Audiencia Provincial confirmase, la pasada semana, el archivo de la causa para el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la ex secretaria autonómica de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña.