VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Viviendas en Alquiler para Estancias Cortas (Avaec) de la Comunitat Valenciana ha manifestado su "firme oposición" a la proposición de Ley del PSOE de incrementar el IVA aplicable a las viviendas turísticas hasta el 21 por ciento. Desde Avaec consideran que esta medida supone "un ataque directo al sector turístico, crucial para el desarrollo económico de la Comunitat y del conjunto del país".
Así lo ha manifestado el presidente de Avaec, Eric Sanjaime, quien ha señalado que esta propuesta representa "un abuso flagrante contra la propiedad privada y sus gestores", y que afecta "gravemente" a pequeños propietarios que "únicamente buscan complementar sus ingresos y democratizar el acceso a recursos turísticos", según recoge la entidad en un comunicado.
"Este incremento más que duplica la carga tributaria actual, lo que impacta negativamente en propietarios y gestores, pilares fundamentales del sector", ha valorado. La asociación ha subrayado que los alojamientos turísticos generan miles de empleos directos e indirectos en la autonomía valenciana y que abarca servicios esenciales como limpieza, mantenimiento, atención al cliente y departamentos de marketing y reservas.
Según Sanjaime, "esta medida pone en riesgo estas fuentes de ingresos, fundamentales para muchas familias y para la economía local".
Por otro lado, Avaec ha sostenido que existe "una posible inconstitucionalidad" de la medida al introducir "una discriminación fiscal evidente" frente a los hoteles, que tributan al 10% de IVA. "La aplicación del 21% podría interpretarse como una vulneración del principio constitucional de igualdad y ser susceptible de recurso ante el Tribunal Constitucional", ha apuntado.
Finalmente, Avaec ha recalcado los "efectos negativos" de esta propuesta sobre el turismo y la economía local, ya que "podría reducir considerablemente la oferta de alojamientos asequibles y desincentivar futuras inversiones".
Sanjaime ha defendido que "sería más coherente perseguir aquellos alquileres gestionados desde terceros países, opacos fiscalmente, que no contribuyen al bienestar nacional y evaden obligaciones administrativas". "Pedimos equidad fiscal respecto a otras modalidades de alojamiento", ha concluido.