CASTELLÓ 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Castelló ha ofrecido la cruz del Monumento de los Caídos que se retirará del Parque de Ribalta a confesiones cristianas y ha subrayado el "respeto hacia las personas identificadas con el símbolo" religioso.
Así responde el consistorio a las alegaciones recibidas en cuanto a la consideración del monumento como símbolo religioso. Según ha informado en un comunicado, el Ayuntamiento se ha dispuesto a responder individualmente a las 226 alegaciones que ha recibido sobre la retirada del monumento, 115 de ellas a favor de la medida.
Las alegaciones se pronuncian sobre diez cuestiones diferentes, y a todas y cada una de ellas se da contestación por parte de la Concejalía. En concreto, respecto a los escritos sobre la consideración del monumento como símbolo religioso, el Ayuntamiento responde que "el decreto concluye que se garantiza el respeto hacia las personas identificadas con el símbolo de la cruz latina".
Se detalla que la concejala de Memoria Democrática ha ofrecido la cruz latina a las confesiones cristianas que forman parte de la Mesa interreligiosa del consistorio. Además, el Obispado de la Diócesis Segorbe-Castelló manifestó su voluntad de recibir la mencionada cruz.
El mayor número de alegaciones ha sido a favor de la retirada del vestigio, 115 escritos, a los que se responde que el consistorio tiene la obligación de aplicar las leyes estatal y autonómica de Memoria Democrática en base al informe del director general de Calidad Democrática, donde determina que el monumento es un vestigio de exaltación franquista, motivo por el que Ruiz ordena la retirada.
En cuanto a las alegaciones que hacen referencia a la aplicación o inaplicación de la normativa en materia de memoria histórica, la respuesta indica que, después de que el monumento fuera considerado por el director general de Calidad Democrática como un vestigio de exaltación, se aplican las leyes estatal y autonómica de memoria histórica.
A los escritos que se pronuncian sobre la concurrencia o no de elementos de excepcionalidad en el monumento, se contesta que el director general de Calidad democrática ya se pronunció al respeto, diciendo que no concurren razones artísticas ni arquitectónicas de excepcionalidad.
En las alegaciones relativas a la resignificación o significación del vestigio, la conclusión remite nuevamente al pronunciamiento del director general, lo cual obliga al consistorio a cumplir con las leyes estatal y autonómica de memoria historia y, por lo tanto, de retirarlo.
Las alegaciones que hacen referencia al procedimiento judicial sobre la partida presupuestaria para ejecutar este proyecto, recibirán como respuesta que aquel pleito ya está agotado.
Sobre la consideración de ausencia de actos de exaltación del franquismo, la respuesta vuelve a ser el dictamen de la autoridad competente en la materia, es decir, del director general de Calidad democrática.
Este pronunciamiento se basa en los informes del comité técnico de expertos, que dice que el monumento "continúa siendo en la actualidad un signo de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura y que perviven manifestaciones contrarias a la memoria democrática".
Por otro lado, en los escritos sobre una posible actuación arbitraria ante potestades discrecionales, se responde que no queda acreditada la arbitrariedad a que se alude.
En cuanto a los escritos que apelen al posible impacto ambiental, la respuesta se basa en informes técnicos municipales que consideran "altamente improbable" este impacto en esta localización urbana. Por otro lado, en cuanto a la alegación de Grupo Municipal Popular en referencia a la práctica de la prueba, el decreto informa que la carga de pedir o aportar la documentación que piden tendría que corresponder, en todo caso, a la parte alegante.
Todas estas consideraciones y respuestas a las alegaciones son parte y contenido del decreto firmado por la concejala de Memoria Democrática, Vernica Ruiz, un documento que ordena la retirada del monumento a los caídos del Parque Ribalta en base a las leyes, estatal y autonómica de memoria democrática; a la comunicación de la autoridad competente en esta materia, la Dirección General de Calidad Democrática, y la autorización emitida por la directora general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana.
"Quiero destacar la absoluta rigurosidad de este procedimiento, fruto del trabajo exhaustivo que el equipo de profesionales del Ayuntamiento de Castelló ha hecho para dar respuesta a todas y cada una de las personas y entidades que han deseado ser parte en este expediente", ha explicado la edil de Memoria Democrática.