Benidorm pide reunirse con el Consell por la sentencia que obliga a derribar los 'Gemelos' de Punta Llisera

Las dos torres Gemelos 28 que deberán ser derruidas
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Actualizado: martes, 21 noviembre 2017 17:36

   ALICANTE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha solicitado una reunión a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para abordar las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obliga a demoler las dos torres de Punta Llisera para dar cumplimiento a una sentencia del Supremo de 2012 que declaraba ilegal su autorización.

   La concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha solicitado un encuentro con la consellera Maria José Salvador para tratar la situación en la que se encuentran las torres 'Gemelos 28' y también para que les informen "de los pasos que van a dar desde el gobierno valenciano o las medidas que van a adoptar".

   Además, también se le trasladará la preocupación de los propietarios de las viviendas con quienes Caselles se reunirá a final de semana a petición de los propios residentes.

   Según la edil, han sido los vecinos de las torres quienes han dado traslado de la resolución a las autoridades locales dado que "al Ayuntamiento no se nos ha notificado el contenido de la sentencia puesto que no éramos parte en el procedimiento".

   La sentencia obliga a la Generalitat a demoler las torres por ocupar en parte dominio marítimo terrestre y a indemnizar a los propietarios por el montante por el que adquirieron sus viviendas más un 20 por ciento.

   Por otra parte, Caselles ha recordado que el TSJCV falló a favor del Ayuntamiento de Benidorm hace tres meses en otro procedimiento distinto por la concesión de la licencia de ocupación a las torres de Punta Llisera. En este caso, el tribunal desestimó el recurso planteado por un particular y ratificó que la licencia de ocupación "estaba bien dada".

   El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró este lunes que los servicios de la Abogacía de la Generalitat están viendo "posibles actuaciones para minimizar al máximo el coste que va a significar para las arcas de la Generalitat" cumplir con este fallo.

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