VALENCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha asegurado este martes que la actuación de la Generalitat en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castellón, del 2000, "no fue arbitraria", ya que esta actuación estaba avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Bonig ha respondido así en la Comisión de Medio Ambiente de las Corts Valencianes a al ser preguntada por el diputado de EUPV Lluís Torró cómo es posible que el Consell aprobara la modificación del PGOU de Castellón en el año 2010, cuando fue anulado por el Tribunal Supremo (TS) en 2008.
Torró ha pedido a la titular de Medio Ambiente que se siente con el Ayuntamiento de Castellón y elabore un plan para hacer cumplir la sentencia del TS "de una vez" y la ha acusado de "buscar subterfugios para cumplir, pero en realidad no cumplir".
Bonig ha indicado que este tema es "muy complejo desde el punto de vista jurídico" porque hay resoluciones de diferentes tribunales a favor y en contra de la Generalitat y ha argumentado que "hay distintas interpretaciones jurídicas" pero "no hay ningún subterfugio". "Se sentaron todos los técnicos del Ayuntamiento y de Conselleria y no había unanimidad jurídica en la forma de interpretar y ejecutar", ha comentado.
Así, ha explicado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, "en un auto de 26 de abril de 2010 da por ejecutado esa sentencia, es decir que avaló la decisión de la Conselleria de aprobar el nuevo Plan de Ordenación Urbana después de la segunda información pública", ha recordado. "Pero los particulares siguieron recurriendo y llega la última sentencia del Supremo", ha zanjado.
COMPRAS EN SUPERMERCADOS, "RAZONABLES"
Por otro lado, en la misma comisión, Bonig ha comparecido para explicar las compras en supermercados pagadas con dinero público por parte de dos altos cargos de la antigua Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, solicitada por el grupo parlamentario Compromís.
En este sentido, Bonig ve "razonables" estos gastos porque entra "dentro de lo normal" cargarlos en los fondos de caja fija y ha explicado, al respecto, que los productos que se compraron en el supermercado (rosquilletas, golosinas, huevos Kinder, raciones de arroz, pechugas, servilletas, rollo de papel higiénico, ibuprofeno, entre otros) entran dentro de este concepto y su uso está regulado por esta normativa y está fiscalizado.
Además, Bonig ha señalado que en la Conselleria "no hay tarjetas" y que estas personas, comprando estos productos, pretendían "aprovechar más el tiempo" permaneciendo en el despacho. Asimismo, ha subrayado que, con estas denuncias se ha "atacado la honorabilidad" de estos dos altos cargos. Además, ha destacado que las cantidades de las que se habla son "ridículas", aunque no se ha especificado la misma.
La oposición ha denunciado esta conducta "poco ejemplar" y ha asegurado que estos comportamientos "son los que desprestigian a los políticos". El diputado de EUPV Lluís Torró ha indicado que estos gastos "demuestran que hay un control muy débil" en la Conselleria y ha manifestado que no le extraña "que no haya dinero para nada". También ha resaltado que "no es tanto la cantidad de dinero, sino el control".
El diputado de Compromís Juan Ignacio Ponce ha recalcado que "esto no deja de ser la punta del iceberg de un asunto de mayor tamaño" y ha preguntado "hasta qué punto se pagan gastos personales con la tarjeta de la Conselleria" y "qué va hacer al respecto". Por último, el diputado socialista, Francesc Signes ha lamentado "el uso indebido del dinero público" y ha aseverado que estos comportamientos "son los que desprestigian a los políticos".
ESTACIONES DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
En relación a la pregunta formulada por Ponce sobre el cambio de ubicación de las estaciones de control de contaminación atmosférica en Valencia que, a su juicio, "se han colocado en zonas despejadas" para "disimular los niveles de contaminación", la consellera ha explicado que la ubicación de las estaciones está regulada por procedimientos técnicos y por una normativa europea y estatal. Al respecto, la consellera ha apuntado que los datos manejados por Ponce son "erróneos", según le han dicho los técnicos de Conselleria.
