VALENCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes y miembro de Iniciativa Mireia Mollà ha acusado al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, de desviar los fondos recibidos del Ministerio en 2008 para reurbanizar el Barrio de San Antón de Elche (Alicante), con el objetivo de "destinarlos a gasto corriente y de personal" del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa).
En un comunicado, Mollà ha señalado que ese desvío de fondos "consta" en la respuesta del también vicepresidente tercero del Consell a una pregunta que ella misma registró en las Corts.
Al respecto, ha incidido en que esa respuesta de Cotino "destapa una actuación irregular, ya que la Conselleria certificó ante el Gobierno central que se habían gastado esos casi dos millones de euros en la reurbanización del barrio ilicitano sin ser cierto".
Por este motivo, Compromís tiene previsto realizar una interpelación a Cotino para que "aclare en sede parlamentaria el destino de los dos millones de euros" que "nunca llegaron a los vecinos", así como formular "una solicitud de documentación en la que se faciliten los certificados y las facturas de las actuaciones llevadas a cabo".
Entre las iniciativas que llevarán a cabo para "aclarar este desvío de fondos", también ha destacado que el diputado de Iniciativa en el Congreso, Joan Herrera, exigirá al Ministerio que "investigue el destino de los recursos transferidos y que pida a la Comisión Bilateral del convenio Ministerio-Generalitat que coteje las facturas y certificados y si hay desvío de fondos el ministerio actúe".
Además, tramitarán una petición de reunión con la subdelegada del Gobierno en Alicante para que investigue lo sucedido y también pedirán, a través del grupo municipal de Compromís en Elche, que el Ayuntamiento "se persone en la causa judicial que en su caso pueda abrirse".
Desde Compromís han explicado que las "irregularidades" dieron comienzo "en 2009, cuando la Generalitat ratifica ante el Gobierno central la realización de un gasto consecuencia de un convenio con el Ministerio para la realización de actuaciones de urbanización en el Barrio de San Antón".
El convenio recogía un gasto total cercano a los 37 millones de euros para diferentes actuaciones y, entre ellos, casi dos millones para la actuación en el Barrio de San Antón, un gasto "que se certifica en noviembre de 2009 por parte del Ivvsa y se tramita ante el Ministerio para justificar la subvención recibida".
Compromís ha denunciado que esos dos millones "se habían gastado, según dicho certificado, en edificación (457.000 euros), reurbanización (156.167 euros) equipo técnico (977.000 euros) y realojos temporales (385.000 euros) de las personas afectadas por las obras de reurbanización".
No obstante, en junio de 2010, Mollà "comprobó in situ que dichas actuaciones no se habían realizado" y formuló una pregunta a Cotino para saber "en qué fechas concretas se había realizado la actuación que consta en el certificado, en qué ha consistido la edificación y reurbanización, dónde están dichas actuaciones, dónde se realojaron los vecinos afectados y a quién se ha pagado esos realojos y a qué gastos corresponden los 977.000 euros del equipo técnico".
Según las mismas fuentes, Cotino respondió "que se ha emitido un nuevo certificado el 29 de junio, un mes después de formulada la pregunta y que no nos facilita, modificando el primer certificado de noviembre de 2009 en el que se justifica que en realidad los gastos de edificación y urbanización se han destinado a la redacción del proyecto, los gastos destinados a medios personales y materiales se han destinado a personal laboral, gastos corrientes, asistencias técnicas y alquiler de local, gastos de seguridad y vigilancia".
Al respecto, Mollà ha incidido en que "según el nuevo certificado, lo que estaba construido y urbanizado ha dejado de existir, las personas realojadas, afectadas por dicha urbanización, nunca se movieron de sus casas y los gastos pagados a determinadas personas para gestionar la edificación, urbanización y realojos, en realidad nunca se les pagó". "Lo que se certifica como verdad en noviembre de 2009 deja de ser verdad en julio de 2010", ha resumido.
Por todo ello, ha denunciado que "se cometen varias irregularidades", dado que "por un lado, no se destinan los recursos económicos presupuestados en la Ley de Presupuestos de la Generalitat al objetivo para el cual se habían presupuestado, sin que se haya producido la oportuna modificación presupuestaria, por otro se desvía fondos finalista enviados por el Ministerio de Vivienda (521.000 euros) a otros fines distintos a los establecidos por el convenio" y, por último, "se emite un certificado y se ratifica posteriormente ante el Ministerio, afirmando que los fondos se han destinado a un fin concreto cuando no es así".
"Y todo ello se cubre supuestamente con una nueva certificación explicando que 'donde dije digo, digo Diego'", ha reprobado Mollà, quien ha tildado de "despropósito" que, según ese nuevo certificado, "la redacción del proyecto iba a costar lo mismo que la edificación y urbanización" y ha denunciado que "no se justifican los fondos destinados a realojos de los vecinos".
