El Consell impulsa un plan antiocupación de viviendas con atención especializada y telefónica para afectados

VALÈNCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado este jueves un plan integral para "prevenir, combatir y reducir" la ocupación e 'inquiocupación' de viviendas, que incluye la creación de una oficina para afectados, con atención telefónica a través del número 012, y acompañamiento especializado legal y psicológico en la red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito y Justiprop.

Mazón ha dado a conocer el plan tras mantener una reunión este jueves con la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez.

El plan integral, en el que participan de forma coordinada estas conselleries, abarca la ya anunciada creación de una oficina de atención a las víctimas de ocupación, con un 'call center' para la atención inmediata a través del teléfono gratuito 012, ha detallado Mazón. Esta oficina entrará en funcionamiento en las próximas semanas.

También se contempla el asesoramiento personalizado y profesional de letrados, psicólogos y trabajadores sociales para los propietarios a través de la existente red de 37 oficinas de asistencia a víctimas del delito y las 66 oficinas municipales Justiprop. Así, habrá "103 puestos especializados en toda la Comunitat Valenciana para acompañamiento, atención psicológica y legal".

"Estamos humanizando el apoyo a las víctimas de la ocupación ilegal", ha destacado Mazón, quien ha asegurado que los propietarios que sufren ocupaciones suelen presentar cuadros de estrés y ansiedad y que "no estamos hablando de grandes fondos tenedores, estamos hablando de una realidad social de mucha gente".

"ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL PRIMER MOMENTO"

El jefe del Consell ha explicado que "cada persona que sufra una ocupación va a tener desde estas oficinas un acompañamiento desde el primer momento". Ha detallado que el personal de estas oficinas ya se ha estado formando en los últimos meses para poder atender de manera especializada a las personas afectadas. Los abogados en las oficinas municipales han recibido formación a través de los colegios profesionales.

Otra de las medidas es la elaboración de protocolos antiocupación para las actuaciones de policías y empleados públicos y la redacción de una guía informativa de cómo prevenir la ocupación y actuar frente a ella, que se promocionará en los ayuntamientos a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y un acuerdo con los administradores de fincas para difundir el protocolo.

Mazón también ha explicado la puesta en marcha de formación dirigida a policías autonómicas y locales a través del Ivaspe para ofrecer asistencia inmediata. Este programa empezará el mes de junio.

Igualmente, se habilitará en el 112 un protocolo que coordine a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para "efectuar las denuncias y acudir a las viviendas de manera inmediata para iniciar el proceso de recuperación exprés". Además, se creará una conexión telemática "que permita a los funcionarios de la Generalitat y a la Policía conocer al momento quién es el titular del inmueble ocupado ilegalmente para agilizar el proceso de desalojo", gracias al acuerdo con el decanato de los Registradores de la Propiedad de la Comunitat Valenciana.

Otra de las medidas previstas es articular un sistema de coordinación con los Servicios Sociales para valorar posibles situaciones de vulnerabilidad.

PETICIONES AL GOBIERNO

El 'president' de la Generalitat ha subrayado que, en este plan, la administración autonómica despliega "al máximo todas las competencias" que tiene en la materia, pero que se "se debe hacer mucho más" y tomar medidas que competen al Gobierno central y a las Cortes Generales.

Mazón ha pedido la derogación de la Ley de Vivienda estatal porque, según ha criticado, la normativa ha "sacado viviendas del mercado del alquiler al desproteger a los propietarios" y restarles seguridad jurídica.

También ha defendido una reforma normativa para agilizar los procedimientos judiciales, reduciendo los plazos de los juicios verbales de desahucio. Ha reivindicado que se refuerce la autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para agilizar las intervenciones inmediatas. Igualmente, ha pedido desgravaciones para inmuebles ocupados y que se elimine la tributación en los casos de rentas impagadas.

El presidente de la Generalitat ha aseverado que la ocupación y la 'inquiocupación' "no son problemas menores" sino que están generando un "elevado grado de alarma social, desconfianza y deterioro de la convivencia y del mercado de la vivienda", además de afectar a "derechos fundamentales como el de la propiedad y la inviolabilidad del domicilio".

1.800 DENUNCIAS EN LA COMUNITAT

Según Mazón, la ocupación de viviendas en España "se ha multiplicado por seis en los últimos años" hasta alcanzar las 16.426 denuncias este año. En la Comunitat Valenciana se ha pasado de 277 denuncias en 2019 a "casi 1.800 en este último año". Además, ha hecho hincapié en que muchos casos no se llegan a denunciar.

Asimismo, ha dicho que ha habido más de 15.000 casos al año de inquilinos que no abonan el alquiler según asociaciones de propietarios afectados. En la misma línea, ha señalado que cuando empezó la actual legislatura "más de 1.800 viviendas públicas estaban ocupadas".

Mazón ha responsabilizado al anterior gobierno autonómico porque "no hizo nada para evitarlo y corregirlo". Así, ha afirmado que durante ocho años "no se hizo nada" ante la escasez de vivienda y que el Botànic "no entregó ni una vivienda social y torpedeó con saña los desarrollos urbanísticos".

Por contra, ha destacado más de 300 ayuntamientos se han adherido ya al Plan Vive, ha destacado las rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y ha expuesto que en 2024 se han licitado más de 1.600 viviendas protegidas, con la previsión de que en 2025 se ejecuten 2.000, avanzando "a buen ritmo" hacia el objetivo de impulsar 10.000 viviendas públicas y de protección social en esta legislatura.

La consellera de Servicios Sociales ha asegurado que "la ocupación ilegal de viviendas es un fenómeno que genera gran preocupación social, agrava la crisis de la vivienda, provoca inseguridad a propietarios y deteriora la convivencia". Así, ha subrayado la "apuesta clara" del Consell "por defender el interés general, el respeto a la legalidad y la protección de los derechos fundamentales".