Daniel, un investigador a punto de ser desahuciado: "El sistema no funciona, hace aguas por todas partes"

   VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Daniel González Iglesias, físico e investigador en la Universitat de València (UV), se enfrentará la próxima semana a un momento que lleva casi diez años peleando por evitar. El 30 de septiembre se ha programado la ejecución de su desahucio para que abandone la vivienda de Burjassot (Valencia) en la que ha vivido de alquiler desde 2009, después de que la propiedad del inmueble haya pasado por varias empresas.

   "A mí lo que me sorprende y me indigna es que me vea en esta situación teniendo todo en regla y habiendo sido yo el que he tenido que ir detrás de estas empresas para pagarles el alquiler", ha lamentado en declaraciones a Europa Press Televisión, en una entrevista en la que ha narrado un periplo judicial que le ha llevado a pensar que "el sistema no funciona y el Estado, o el sistema judicial, hace aguas por todas partes".

   Daniel llegó a la vivienda en septiembre de 2009, cuando aún era estudiante y compartía con otras personas el piso, propiedad de la empresa Ingrade SL. Entre todos pagaban un alquiler de 594 euros mensuales. A lo largo de los años, cambiaron sus compañeros de piso. Algunos salían y otros entraban, hasta que se quedó solo en el inmueble.

   A raíz la crisis económica, en los años 2012 y 2013, la empresa comenzó a añadir anexos al contrato de Daniel, hasta rebajar el precio del alquiler de 594 euros a 350 euros para paliar los efectos de la coyuntura económica. Después, se firmó un nuevo anexo al contrato en el que se establecía la opción de compra del piso por un precio de 71.000 euros, al que se irían descontando las mensualidades del alquiler, relata Daniel. También se añadió el derecho al tanteo y retracto. Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel consignó el pago del alquiler en los juzgados para evitar cualquier problema de impago, según relata.

    El piso salió a subasta pública en 2017 y Daniel presentó un escrito al juzgado para informar de que residía en el inmueble y tenía opción de compra. En aquel momento, se suspendió la subasta y una sentencia reconoció su derecho a ocupar el inmueble como inquilino, la existencia de una modificación de la renta y la opción de compra, señala Daniel.

DENUNCIA LAS "MANIOBRAS" PARA ECHARLE DE LA VIVIENDA

   No obstante, según sostiene Daniel, la subasta se reanudó y él fue informado por el administrador concursal de que una entidad bancaria, CaixaBank, había adquirido el inmueble. Además, Coral Homes S.L., sociedad participada por el banco, demandó a Daniel por ocupar ilegítimamente la vivienda, pero, según recalca el inquilino, esta fue desestimada. "Hubo un juicio en 2020, me volvieron a dar la razón", ha destacado.

   A su parecer, la propiedad inició "maniobras" para poder alegar que él no pagaba y así echarle de la vivienda. "Yo por aquel entonces ya estaba intentando, por medio de burofax y comunicaciones oficiales con estas empresas, al final todas satélites del banco, ejercitar la opción de compra, que había sido reconocida judicialmente previamente, pero esta gente daba la callada por respuesta. Es más, impedía que yo pagase los alquileres. No facilitaba el número de cuenta. Me tocó ir a procedimientos de jurisdicción voluntaria en el juzgado para que aportara un número de cuenta y yo poder pagar los alquileres", ha recordado.

   De este modo, concreta que entre 2018 --fecha en la que el administrador concursal le indica que no ingresara más alquileres en la cuenta del juzgado-- y 2020, momento en el que presentó el procedimiento de jurisdicción voluntaria para consignar judicialmente de nuevo los pagos, no pudo efectuar ningún abono por no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

   Posteriormente, según explican tanto Daniel como el Sindicat d'Habitatge de València, la propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023, "obviando las dos sentencias anteriores", recalcan. La empresa, finalmente, vendió el piso en 2025 por mucho más de 71.000 euros a una compradora, que continuó con la acción judicial contra Daniel.

   "En 2023 me demandaron por falta de pago y lo que decían es que tenía que pagar 594 euros al mes, en lugar de los 350 que yo iba pagando desde antes de concurso de acreedores porque solo se habían mirado, a mala fe o por incompetencia, el primer contrato en el que figura esa cantidad, pero hay diez anexos, entre los que figura la opción de compra y una serie de rebajas del precio de alquiler", ha expuesto.

    Daniel ha explicado que perdió este último juicio "contra todo pronóstico". Según señala, en la sentencia, la jueza entiende que la renta mensual que se pactó es de 594 euros "sin que conste ninguna modificación del importe" posterior, algo que no comparten ni el inquilino ni su abogada, que mantienen que han aportado pruebas. El fallo --de marzo de 2026-- condena a Daniel al desalojo del piso y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas.

   El pasado 28 de abril se presentó un escrito de apelación denunciando las supuestas "irregularidades" del proceso que no ha sido admitido alegando que Daniel debía depositar previamente la fianza reclamada por la otra parte (los más de 35.000 euros). Como consecuencia de todo ello, Daniel será desahuciado el 30 de septiembre a las 11 horas. Lamenta que "no existe la Justicia" y, en su caso, el proceso judicial ha sido "completamente aberrante". En su opinión, "no hay ninguna justificación" para la decisión tomada por la jueza.

"HAN PISADO TODOS MIS DERECHOS"

    "Para mí es una sensación de desprotección impresionante", ha lamentado, y ha insistido en que él nunca ha querido "vivir gratis". "Yo desde el principio con mi abogada he intentado hacerlo todo a forma legal y este es el resultado", ha denunciado.

   "De alguna forma han pisado todos mis derechos y el juzgado lo ha consentido. Al final, yo haciendo todo legal, esperando, teniendo que aguantar un montón de años, ahora termina de esta manera, de una forma que ni mi abogada ni yo nos podíamos imaginar", ha manifestado.

    Teniendo en mente el reciente caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana en Madrid, el investigador considera que "el sistema no funciona". "Yo, dentro de lo que cabe, soy afortunado, tengo donde ir, tengo un trabajo, pero el caso de esta señora es completamente aberrante e indignante. Es algo que en un Estado que se dice de derecho, que se dice democrático, no debería suceder de ninguna de las maneras", ha aseverado.

   Por todo ello, el día del lanzamiento, su intención es estar en la vivienda y "protestar". "Va a haber una concentración, estoy siendo muy apoyado por la gente del Sindicat d'Habitatge de València y vamos a hacer una manifestación pacífica para demostrar el descontento que hay con esta decisión judicial, porque el sistema no funciona y como mínimo hay que denunciarlo", ha afirmado.

    Mientras llega esa fecha, la abogada de Daniel "está haciendo todo lo humanamente posible, más allá de lo que puede", para evitar que tenga que dejar su casa. "Ojalá haya suerte, pero es complicado", ha concluido.