Delegación de Gobierno revisará las alegaciones del paciente multado después de hablar en valenciano a un médico

VALNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana analizará las alegaciones que presente el hombre que fue sancionado por alteración del orden público después de que un médico de un centro de salud de Alfafar (Valencia) le denunciara por dirigirse a él en valenciano.

Así lo ha explicado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, remarcando que la multa la impuso la Policía Local de Alfafar por alteración del orden público y que, "por supuesto, quien la hizo tendrá que hacer un informe" al respecto.

Los hechos se produjeron el pasado 14 de junio, según informó Punt, cuando un médico del ambulatorio de Alfafar se negó a que un vecino de Benetússer (Valencia) pudiera expresarse en valenciano y lo denunció por alterar el orden, tras lo que fue atendido por otro facultativo. De acuerdo a la versión del paciente, cuatro meses después ha recibido la sanción, que oscila entre 601 y 3.000 euros.

"La Delegación de Gobierno tramita la multa, pero no es quien denuncia ni la pone, es la Policía Local", ha remarcado la delegada a preguntas de los periodistas, garantizando que el afectado dispondrá de unos días para presentar alegaciones y que serán revisadas.

Por su parte, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha puntualizado que "la asistencia sanitaria se cumplió" porque "se buscó a un médico que hablaba valenciano", aunque ha asegurado desconocer la denuncia y si, efectivamente, partió del primer facultativo

"Es altamente probable que llevara poco tiempo, que no fuera de nuestro entorno y no tuviera capacidad para hacer una anamnesis en valenciano", ha subrayado el titular de Sanidad en declaraciones a los medios.

Tras conocer el caso, Plataforma per la Llengua pidió este domingo la retirada de la sanción y advirtió que es una equivocación aplicar la 'ley mordaza' en este caso. También se hizo eco el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, quien anunció que pedirán explicaciones al Gobierno ante lo que consideran "un ataque y una vergüenza".