La Diputación aprueba los presupuestos para 2016 con el voto en contra de la oposición

CASTELLÓN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado este martes el presupuesto consolidado para 2016, que se eleva a 139 millones de euros, con los votos a favor del PP y en contra de la oposición, PSOE, Ciudadanos, Compromís y Castelló en Moviment (CseM).

El vicepresidente Miguel Barrachina ha defendido las cuentas de la institución provincial, señalando que el objetivo de las mismas es ayudar a la generación de empleo y a la reducción de desigualdades a través de 470 obras y 3.170 actuaciones de todo tipo. Así, ha destacado que el capítulo de ingresos "no ofrece grandes cambios, con la aportación del Estado de seis millones más que 2015, y no hay ningún préstamo, lo que permite que la situación de endeudamiento sea muy baja".

Además, ha resaltado que la parte dedicada a personal aumenta en 550.000 euros, mientras que se reduce en 26.000 euros la aportación para órganos de gobierno. Por tanto, ha dicho, "el capítulo de personal crece un 2 por ciento, pero realmente baja porque se produce el pago de la extra atrasada".

Respecto al gasto corriente, Barrachina ha explicado que crece por el plan de actuación contra los mosquitos de 400.000 euros, "aunque es una competencia impropia, ya que el que las tiene no ha dado muestras de vida política todavía". También ha indicado que la deuda y el pago de intereses caen por quinto año consecutivo, mientras que el montante inversor llega a 25 millones de euros.

La portavoz de CseM, Anna Peñalver, ha defendido su voto en contra de los presupuestos a pesar de valorar el aumento de dinero para el Plan de Obras y Servicios. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Cristina Gabarda, ha indicado que las cuentas provinciales "desatienden" muchas necesidades de los municipios.

PRESUPUESTOS "ALEJADOS DE LA REALIDAD"

El portavoz de Compromís, Xavier Trenco, ha considerado que en la elaboración de los presupuestos deberían de haber participado los municipios a través de sus representantes políticos, mientras que el portavoz socialista, José Benlloch, ha indicado que "si uno ve quién gobierna en cada pueblo y vemos el trato a los distintos pueblos, son los presupuestos hechos para el PP y no para la provincia", y ha criticado que las cuentas están "alejadas de la realidad y de las necesidades de la provincia".

El pleno ha desestimado una enmienda de Compromís a los presupuestos, con los votos en contra del PP, la abstención de PSOE y Ciudadanos y el voto a favor del resto de formaciones.

Por otra parte, el pleno ha dado el visto bueno a una proposición de aprobación de la estrategia provincial para el fomento del empleo y emprendimiento y promoción económica 2016 con el voto favorable de todos los grupos políticos, a excepción de CSeM, que se ha abstenido.

Así mismo, se ha aprobado un dictamen sobre una moción presentada por el Grupo Popular, en la que se insta a la Generalitat a retirar la proposición de ley que pretende derogar la Ley 6/2015 "eliminando la declaración de los festejos de 'bous al carrer' como Patrimonio Cultural Valenciano y BIC", y se anima a todos los colectivos y aficionados a continuar su labor de difusión de estos festejos taurinos. El dictamen ha contado con los votos a favor del PP, en contra de CSeM y la abstención del resto de partidos.

FESTEJOS TAURINOS Y CASTOR

En cuanto al despacho extraordinario, se ha aprobado una moción del PP sobre la defensa de los pueblos pequeños, en la que la Diputación reconoce a éstos como instrumentos "fundamentales" de vertebración territorial y de lucha contra la despoblación, por lo que se muestra contraria a cualquier eliminación o modificación de la estructura organizativa municipal vigente mediante fórmulas de supresión o fusión de municipios.

Finalmente, se ha dado el visto bueno a otra moción del PP --con los votos en contra de PSPV, CSeM y la abstención de C's y Compromís, en la que se decide remitir al juzgado que instruye el Castor un reportaje publicado en una revista el pasado 2 de noviembre en el que se asegura que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "cambió en marzo de 2008 las aguas marítimas de Tarragona y Castellón".

Este cambio, de acuerdo con esa publicación, se hizo "moviendo 12 grados hacia el norte su límite, de 125 a 123 grados desde la desembocadura del Río Cenia, que marca la frontera natural en tierra entre la Comunitat Valenciana y Cataluña" para "beneficiar" a ACS, accionista mayoritaria de la empresa encargada del proyecto Castor, para acogerse a una legislación valenciana "más laxa", tal y como se desprende de la moción.

El objetivo es que el juzgado dirima si esos hechos descritos en la publicación pueden constituir un ilícito penal. Al respecto, CSeM ha señalado que esta moción es "pura propaganda", mientras que Ciudadanos ha explicado que la propuesta se explica "porque estamos en elecciones". El socialista Benlloch, por su parte, ha destacado que "si el PP conoce que existe un delito, tiene la obligación de denunciarlo, y no debe traerlo al pleno".

"Por qué no se ha utilizado el pleno durante los anteriores años para denunciar ante Fiscalía o juzgados los artículos periodísticos sobre temas de corrupción del PP?", ha interpelado Benlloch en el turno de ruegos y preguntas haciendo alusión al expresidente de la corporación provincial Carlos Fabra, actualmente cumpliendo condena por delitos contra la Hacienda Pública.