El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha desvelado que dos adjudicatarios de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, han renunciado a los inmuebles de los que eran beneficiarios. El primer edil también ha dicho que confía en que "sigan otras muchas" renuncias.
Se trata de dos personas que no han aparecido en medios de comunicación ni son "relevantes", según ha dado a conocer este martes en una rueda de prensa, donde ha animado a que aquellos que puedan tener "la más mínima duda" de si han accedido o no con derecho a estos pisos los "entreguen".
Barcala, que ha defendido las actuaciones y medidas adoptadas y anunciadas por el equipo de gobierno tras el "escándalo" de las VPP, ha insistido en que es "prioritario" que las viviendas lleguen "a quien tienen que llegar" y que ninguna de ellas se la quede "quien no tenía derecho".
Preguntado por cómo se van a reemplazar esos adjudicatarios que han renunciado, ha aseverado que ahora será la Conselleria de Vivienda la que determine cómo se ejecuta esa sustitución en los pisos.
Según el alcalde de Alicante, los que están "en tela de juicio" son "la cooperativa y sus gestores" y estos "son uno de los objetos dentro del procedimiento penal". "Y lo digo con toda claridad. Todo lo presunto que quieran, pero lo es", ha apostillado.
"La contundencia y la dureza con la que se va a actuar en este caso recomienda que a todo aquel que sea consciente de no haber cumplido con los requisitos o de no haber accedido a las viviendas de una forma regular lo arregle. Y lo arregle es que entreguen las viviendas", ha manifestado.
POLICÍA LOCAL Y REQUERIMIENTO DE LA GENERALITAT
Por otro lado, Barcala ha confirmado que la Conselleria de Vivienda ha requerido al Ayuntamiento de Alicante para que "se compruebe con los medios necesarios que efectivamente las viviendas responden a ese requisito de habitabilidad para poder acceder a ellas y, por tanto, que están habitadas". También una cuestión respecto a aquellos propietarios "que pudieran tener una exención en el padrón municipal" para vivir allí.
En este sentido, ha detallado que desde la Concejalía de Estadística "ya se ha enviado" la certificación requerida con la relación "completa" de todas las personas que están empadronadas "en todas y cada una de las viviendas".
Además, ha dicho que se han dado instrucciones a la Policía Local para desarrollar un operativo que no será "para comprobar el empadronamiento", sino para determinar "que efectivamente quienes están empadronados están habitando las viviendas" y qué casas pueden "no estar habitadas en este momento".
Al respecto, ha matizado que desde el consistorio hay que fijar el protocolo para esta actuación, que se está analizando jurídicamente, y ha hecho hincapié en que el objetivo es verificar la información teórica que tiene el padrón municipal y determinar si eso "se corresponde con la realidad".
COMISIÓN NO PERMANENTE
Sobre la comisión no permanente del pleno, cuya puesta en marcha respaldaron todos los partidos en la sesión plenaria extraordinaria y monográfica celebrada por la polémica de las VPP, Barcala ha detallado que por parte del equipo de gobierno y el grupo 'popular' han sido designados el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, que será el presidente de este órgano, y como vocal el nuevo concejal de Urbanismo, Antonio Peral, que fue nombrado recientemente responsable de esta área después de la dimisión de la edil Rocío Gómez, tras conocerse que es una de las adjudicatarias de estos pisos.
El alcalde espera convocar la sesión constitutiva de esta comisión en el plazo "más breve" posible y ha apuntado que se están recabando informes de distintas áreas del consistorio para que todos los miembros tengan información y documentación.
"Esta investigación la vamos a llevar adelante caiga quien caiga, con todas sus consecuencias", ha apostillado Barcala, quien ha defendido que el equipo de gobierno "ha demostrado ya la máxima contundencia a la hora de ceses" y "dimisiones" y "de exigir responsabilidades".
El primer edil ha trasladado su "confianza" en que de la comisión, "de forma constructiva", no solo se depuren responsabilidades, sino que esta herramienta sirva también para "aportar mecanismos de control" para que algo así no vuelva a suceder.
DOS EXPEDIENTES A ARQUITECTOS MUNICIPALES
El alcalde ha recalcado que hay dos expedientes abiertos a dos arquitectos municipales y que también hay otro expediente informativo sobre la gestión en el entorno de Contratación. También ha recordado que la Conselleria suspendió de empleo y sueldo a un funcionario ante "posibles irregularidades" en el visado y comprobación de los requisitos.
Al mismo tiempo, ha mostrado su "confianza" y "respeto" en justicia y ha trasladado la "máxima colaboración" del consistorio en este sentido, después de que la titular de la plaza número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante decidiera abrir diligencias previas para investigar esta adjudicación de viviendas.
"YO NO HE REPARTIDO LAS CASAS"
Barcala, que ha dicho que es consciente de la "alarma social" generada por el "escándalo" de las VPP, ha sostenido que a él esta situación le "escandaliza como al que más" y que "Alicante no se merece esta mancha".
"Yo no he repartido las casas", ha apuntado Barcala, quien ha insistido en que el Ayuntamiento sacó a licitación el suelo municipal sobre el que se han levantado estas VPP en Playa de San Juan y que también tramitó la licencia de obras.
Y ha incidido en que la captación de cooperativistas y el cumplimiento de requisitos y la adjudicación final fueron responsabilidad de la gestora de Les Naus y que, por otro lado, la Conselleria se encargó la verificación de las exigencias y de los visados.
Así, ha sostenido que en esta legislatura la vivienda "sigue siendo" una "prioridad" y ha defendido que el equipo de gobierno 'popular' "no va a parar en promover que exista vivienda protegida", ya que, a su juicio, "es una necesidad", y ha abogado por trabajar en "asegurar todos los mecanismos que garanticen que la vivienda social va a quien tiene la necesidad y a quien tiene el derecho".
La rueda de prensa que ha ofrecido Barcala este martes no estaba prevista, ya que ha comparecido ante los medios de comunicación junto a los portavoces del ejecutivo municipal, Manuel Villar y Cristina Cutanda, en la cita semanal habitual ante la prensa tras la junta de gobierno.
El alcalde ha justificado esta atención en que este lunes tenía previsto atender a la prensa tras la reunión con el vicepresidente segundo del Consell, José Díez, pero que no lo pudo hacer a raíz del incendio declarado en las viviendas del barrio Miguel Hernández.
Cabe recordar que la Fiscalía ha enviado a la titular de la plaza número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante sus actuaciones relativas a la adjudicación de las VPP en Les Naus.
La jueza adoptó la decisión de abrir diligencias previas tras recibir una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada por Manos Limpias contra nueve personas. Entre ellas, la exconcejala de Urbanismo, una exdirectora general y otros empleados municipales.
La polémica surgió tras conocerse que Gómez y familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, estaban entre los adjudicatarios. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.