Entidades sociales critican una actuación "insuficiente" del Ayuntamiento en el proceso de regularización

   VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   Las entidades sociales de la Comisión Permanente del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad (CLII) de València, junto con más de treinta organizaciones y colectivos de la ciudad, han denunciado este viernes la "falta de voluntad política" demostrada por el Ayuntamiento para que el proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes "se esté pudiendo desarrollar de forma adecuada". Las organizaciones acusan al consistorio de haber actuado "mal, insuficientemente y tarde".

   Según han denunciado en un comunicado, solamente hay "734 informes de vulnerabilidad expedidos, de los 7.637 solicitados" --mientras que las entidades calculan haber emitido cerca de 20.000--, y han reprochado una "prácticamente nula atención y orientación en el proceso", tras la información trasladada por el Ayuntamiento en la última reunión de la Comisión Permanente del CLII.

   A su juicio, el consistorio "no adoptó medidas suficientes pese a conocer con antelación la puesta en marcha del proceso" y a pesar de haber pedido reuniones de coordinación y plantear "necesidades concretas meses antes de su inicio".

    "La respuesta municipal llegó tarde y resultó insuficiente", han lamentado, y han añadido que, como consecuencia, "gran parte de la atención, orientación y acompañamiento a las personas afectadas recayó sobre las organizaciones sociales, que tuvieron que ampliar horarios, movilizar voluntariado y asumir funciones que correspondían a la administración".

   En esta línea, han asegurado que en todo el proceso no han encontrado "colaboración, ni siquiera interlocución, por parte del Ayuntamiento". Según han explicado, en la reunión del CLII de València, celebrada el 10 de marzo, "quedó acordado que en cuanto saliera el reglamento la Concejalía de Bienestar e Inmigración convocaría una reunión con las organizaciones sociales para coordinar el proceso, y se comprometió a disponer los recursos necesarios para atender y acompañar a las personas".

    Sin embargo, han afeado que el Ayuntamiento "fue posponiendo la reunión, hasta que finalmente se convocó el 8 de junio, ya en la recta final del proceso, cuando apenas quedaba margen de actuación". Además, han denunciado que los anuncios por parte de la alcaldesa maría José Catalá y la concejala de Hacienda de "reforzar los Servicios Sociales" para apoyar al proceso de regularización extraordinaria "no se han llevado a cabo".

    "Las contrataciones realizadas han ido a cubrir el déficit ya existente para la labor habitual de estos centros, sin que en ellos se haya dado apoyo u orientación en este proceso", han expuesto, y han añadido que la modificación presupuestaria de 2,6 millones de euros aprobada el 21 de abril a este fin "no va a tener repercusión antes del verano, cuando ya estará finalizado, debido al propio calendario administrativo que exige de la publicación del expediente de contratación, la exposición publica durante 15 días hábiles, además de los tramites necesarios para la incorporación del personal".

20.000 CERTIFICADOS

   En cuanto a la expedición de certificados de vulnerabilidad, en la reunión del 8 de junio, la concejala de Bienestar Social e Inmigración, Marta Torrado, "informó que había habido 7.637 solicitudes y únicamente se había emitido 783 certificados, apenas un 10%". Las entidades sociales, por su parte, estiman haber emitido "cerca de 20.000".

    Según sostienen, el retraso acumulado "obligó a muchas personas a recurrir a otras entidades habilitadas para obtener la documentación necesaria, generando duplicidades y dificultando el acceso al procedimiento en igualdad de condiciones".

    Como ejemplo, señalan que el Ayuntamiento de Barcelona publicaba que a 24 de mayo habían atendido a unas 50.000 personas para orientarlas en el proceso de regularización extraordinaria, y había emitido unos 30.000 informes de vulnerabilidad.

   Por otro lado, han recalcado que existe además una "problemática histórica" respecto al empadronamiento "en casos especiales". "Durante más de un año las solicitudes de este tipo de empadronamiento se han visto sin respuesta, lo que ha supuesto un grave problema que afecta directamente al acceso a derechos básicos y que, en el contexto del proceso de regularización extraordinaria, ha dejado fuera a muchas personas que no han podido acreditar el requisito de permanencia exigido", han apuntado.

   Las entidades sociales de la Permanente del CLII y demás organizaciones firmantes del escrito denuncia que esa "falta de planificación, y voluntad política del Ayuntamiento de València ha comprometido gravemente el desarrollo de un proceso que debía garantizar derechos a miles de personas".

   "Mientras las entidades sociales hemos asumido tareas que correspondían a la administración, el consistorio ha llegado tarde, ha ofrecido respuestas insuficientes a problemas previamente identificados y ha mantenido bloqueadas cuestiones esenciales, como la emisión de informes de vulnerabilidad o el empadronamiento especial", han reiterado y han exigido la asunción "de responsabilidades, que se reconozca el papel desempeñado por el tejido social y que se adopten las medidas necesarias para que ninguna persona quede excluida de este proceso".

"UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD"

   Desde la oposición en el Ayuntamiento, la edil de Compromís Lucía Beamud ha señalado que el comunicado de las entidades sociales es "una enmienda a la totalidad" de "la gestión del gobierno" local, de PP y Vox, en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

   "Las entidades han hecho el trabajo que tenía que hacer el Ayuntamiento. Mientras el gobierno municipal se dedicaba a los anuncios y las fotos, las organizaciones sociales asumían la atención, el asesoramiento y el acompañamiento de miles de personas", ha indicado Beamud en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

   La concejala ha considerado "inaceptable que, ante más de 7.600 solicitudes, el Ayuntamiento solo hubiera tramitado una mínima parte de los informes de vulnerabilidad durante la mayor parte del proceso". "Es el retrato de una administración que ha llegado tarde, mal y sin planificación", ha dicho.

7.500 EXPEDIENTES, "TODOS TRAMITADOS" 

   Por parte del ejecutivo de la ciudad, Marta Torrado ha respondido que "a fecha de hoy el Ayuntamiento de València ha abierto 7.500 expedientes de informes de vulnerabilidad" y ha subrayado que "en estos momentos están todos tramitados". "Y ya tiene emitidos 7.105 informes de vulnerabilidad, mientras que cerca de 400 han sido denegados al no cumplir los requisitos o no presentar la documentación necesaria", ha añadido también en declaraciones remitidas.

   Torrado ha detallado además que el Ayuntamiento ya ha entregado 640 certificados y ha destacado que ha completado el envío de SMS a todos los solicitantes que tienen pendiente la recogida del informe, que se realiza en Tabacalera.

   "Por tanto, las informaciones de algunas entidades sociales acusando al Ayuntamiento de un trabajo que ha sido incorrecto es totalmente falso y los datos lo demuestran", ha agregado la responsable de Servicios Sociales, que ha considerado que se trata de "acusaciones infundadas" que "son una falta de respeto hacia el trabajo que han realizado los funcionarios" del consistorio en un "proceso de regularización" y "caótico y sin la colaboración e información del Gobierno central, que cargó de trabajo extra a las administraciones municipales".