EU-Podem denuncia ante Fiscalía "posibles fraccionamientos contractuales" en el Ayuntamiento de Alicante

   ALICANTE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El grupo municipal de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante en la que solicita que se acuerde la apertura de diligencias de investigación sobre "diversos hechos reflejados en el informe de control interno de la Intervención Municipal correspondiente al ejercicio 2025, relacionados con posibles fraccionamientos contractuales en expedientes de defensa jurídica y con la eventual omisión del procedimiento legal previsto para resolver los reparos formulados por el órgano de control interno".

   La coalición ha detallado, en un comunicado, que la denuncia "se centra en varios expedientes de la Asesoría Jurídica Municipal que fueron objeto de reparo por parte de la Intervención por posible vulneración de la prohibición de fraccionamiento contractual establecida en la Ley de Contratos del Sector Público".

   "Además, según recoge el propio informe municipal, no se habría seguido el procedimiento de discrepancia previsto en la normativa para resolver dichos reparos", han añadido desde este grupo político del consistorio.

   El portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento, Manolo Copé, ha señalado que "no" se trata de "una cuestión menor" ni de "una simple diferencia de criterio administrativo", sino de "reparos formulados por la Intervención Municipal respecto a la legalidad de determinados expedientes y de la posible continuación de su tramitación sin seguir el procedimiento establecido por la ley".

   De esta forma, Copé ha pedido a la Fiscalía que determine "qué ocurrió exactamente, quién tomó las decisiones y si se actuó conforme a Derecho". "Los controles internos existen para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y no pueden convertirse en meros trámites sin consecuencias", ha agregado.

   Asimismo, ha sostenido que, "cuando existen advertencias expresas del órgano de control interno, la obligación de cualquier administración responsable es aclararlas y actuar con absoluta transparencia", al tiempo que ha remarcado que "la ciudadanía tiene derecho a saber si se respetaron los procedimientos y si el dinero público fue gestionado conforme a la legalidad".

"NO SON SOLAMENTE UNA SOSPECHA POLÍTICA"

   En declaraciones a los medios tras presentar la denuncia, Copé ha manifestado que estos hechos "no son solamente una sospecha política", ya que "salen del propio informe de control interno", y ha explicado que no piden "una investigación general contra la contratación menor", sino una sobre "los reparos que ha realizado el interventor referidos al expedientes de Asesoría Jurídica".

   En este sentido, el portavoz de la coalición ha sostenido que "el interventor dice que han sido tramitados" como contratos menores y, "por tanto, han sido reparados porque hay un posible fraccionamiento contractual".

   Además, ha continuado Copé, "no se habría seguido el procedimiento legal que supone resolver la discrepancia por medio de la Intervención", por lo que "se ha obviado el informe de Intervención", ha indicado.

   Finalmente, ha incidido en que "si la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento necesita más medios" o "tiene que cubrir las excedencias", lo que tiene que hacer el consistorio, a juicio de Copé, es "planificar bien el servicio".

   "Lo que no puede ser es que se amortice una plaza de la Asesoría Jurídica y ahora haya una sospecha más que fundada sobre posibles fraccionamientos respecto a la Asesoría Jurídica en el Ayuntamiento de Alicante", ha concluido.

   Por su parte, la coordinadora local de Esquerra Unida, Lucía Ibáñez, se ha mostrado "especialmente crítica" con la gestión del alcalde Luis Barcala, del PP, en el consistorio: "El señor Barcala actúa demasiadas veces como si el Ayuntamiento fuera una extensión de su propia casa y como si los recursos públicos pudieran administrarse con criterios de oportunidad política".

   "Pero Alicante no es su propiedad y el dinero municipal no le pertenece. Cada euro procede del esfuerzo de los vecinos y vecinas y debe gestionarse con el máximo rigor y respeto a la legalidad", ha afirmado.

EL GOBIERNO LOCAL NO MUESTRA "PREOCUPACIÓN"

   De otro lado, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, del PP, ha señalado en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno, al ser preguntado por la denuncia de EU-Podem ante Fiscalía, que la valoración del interventor está "muy alejada de la realidad". Asimismo, no ha mostrado "preocupación" en el hecho de que la coalición acuda al ministerio público.

   Así, ha incidido en que no tienen por qué compartir las consideraciones jurídicas que haga el interventor, ya que, según ha asegurado, sus valoraciones "no son siempre acertadas" y "él sabe de contabilidad", y ha apuntado que esta situación se dio también el año pasado y cree que el fiscal "en cuanto lo vea lo va a tener tan claro" o "más" que el equipo de gobierno.

   El vicealcalde ha afirmado que, cuando hay una denuncia contra algún funcionario o político por el ejercicio de su cargo, la administración puede abonarle los honorarios de abogado y procurador y ha sostenido que, en el caso de las personas que han sido denunciadas, "la mayoría absueltas", lo que ha hecho el Ayuntamiento es "abonar los importes de sus abogados cuando han sido absueltos o ha sido archivada la causa".