El exgerente del General pide la nulidad del 'caso Osvaldos': "No hay indicios. Es una inquisición contra personas"

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de València y sobrino del exconseller de Sanidad y de Cooperación con el PP, Rafael Blasco, --condenado por el caso Cooperación-- ha pedido la nulidad del conocido como 'caso Ovaldos', cuyo juicio ha arrancado hoy en la Audiencia de Valencia, al alegar falta de indicios y asegurar que la causa es una "inquisición general contra múltiples personas, muchas de ellas ni siquiera investigadas ni acusadas".

Así se ha pronunciado el abogado de Sergio Blasco en el turno de cuestiones previas durante la vista que ha comenzado este martes en la Audiencia contra su representado, su hermano --Francisco José, administrador de una empresa sanitaria-- y otras nueve personas más por el desvío de fondos procedentes de contratos públicos adjudicados por el hospital entre los años 2005 y 2014.

Tras anunciar la fiscal que no tenía ninguna cuestión previa que alegar, le ha tocado el turno al abogado de Sergio Blasco, quien ha aprovechado para pedir la nulidad del procedimiento, del auto de incoación de diligencias previas y las actuaciones posteriores por haberse llevado a cabo "sin indicio alguno de conducta delictiva, ni en la denuncia ni en la querella presentada".

Al respecto, el letrado ha explicado que en esta causa se ha practicado una investigación prospectiva: "No hay relato de hechos ni indicios que soporten ningún hecho", ha insistido.

Y ha señalado que desde el inicio se admitió una querella, interpuesta por EUPV, "que no se debió admitir". Se aludía en la misma, tal y como ha reproducido, a que Sergio Blasco era sobrino de Rafael Blasco: "El apellido como indicio... Esto no merece ningún tipo de comentario. No es delictivo", ha dicho.

También ha lamentado que se aludía en la querella a la amistad de determinadas personas en una red social como posible delito de tráfico de influencias: "Ahí no hay nada tampoco que pudiera ser delictivo", ha añadido. "Aparecía en el escrito, así mismo, el nombre de Tauroni --condenado en caso Cooperación junto a Rafael Blasco--, pero no se decía ni era cierto que tuviera vinculación con las contrataciones del Hospital General", ha advertido.

Una vez admitida la querella y abierto el procedimiento, el letrado ha lamentado que el juzgado "seguía de pesca" con diferentes movimientos porque no tenía nada: "A ver qué encontraba porque no tenía nada", ha subrayado, para criticar que "de algunas personas no investigadas se investigaba hasta su patrimonio".

Por otro lado, el letrado ha alegado "exceso" de acusación respecto a los hechos objeto de imputación en fase de instrucción, en el auto de procedimiento abreviado y en otros hechos que han sido excluidos en el juicio. Ha pedido que se excluyan de la vista y que se declaren "ineficaz".

Además, el abogado ha alegado vulneración del derecho a la intimidad de Sergio Blasco por incorporar sus viajes personales y laborales al procedimiento --son "datos personales e íntimos", ha insistido--, y la intervención de documentación sin autorización judicial. "No se tuvo control de todo lo que se incautaba", ha apostillado.

Por otro lado, el abogado ha requerido al tribunal juzgador que se exima a su representado de asistir a todas las sesiones del juicio --que está previsto que se prolongue hasta diciembre-- por cuestiones laborales, puesto que actualmente dirige un hospital en República Dominicana y asistir a todas las sesiones "interfiere en su trabajo", ha subrayado.

A esta petición de nulidad se han sumado otros letrados del procedimiento por "no haber indicio alguno de conductas delictivas y por la finalidad prospectiva. No hay hechos ilícitos que narrar, hay falta de concreción y de detalle", ha apostillado el letrado de uno de los empresarios acusados, Miguel Sanfélix.

LA CAUSA

Los acusados en esta causa se enfrentan, en diferentes niveles, a los delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencia y cohecho.

Estas 11 personas fueron procesadas hace tres años por el Juzgado de Instrucción número 6 de València, órgano que también ordenó el sobreseimiento de la causa para Rafael Blasco al entender que en ninguno de los expedientes estudiados dio "orden, indicación o sugerencia alguna" para determinar las empresas que debían de ser adjudicatarias de los contratos cuestionados.

La causa se originó con una querella de EUPV ante la Fiscalía Anticorrupción y, según entendía el instructor, Sergio Blasco creó un entramado de empresas y personas que obtuvieron un beneficio ilícito de la adjudicación de concursos públicos a empresas de conocidos que, a su vez, subcontrataban supuestos servicios y trabajos a otras sociedades de la misma trama sin que ejercitasen actividad alguna, pero justificando con ello los pagos que se realizaban. Y se servían de estas mismas empresas para cobrar comisiones directas e indirectas con unos beneficios que revertían en los integrantes de la organización.

En concreto, según detallaba el instructor, la organización adjudicaba contratos administrativos, en muchos casos con irregularidades, de prestación de servicios por realización de obras, a mercantiles de actividad contrastadas y dirigidas por personas vinculadas a Sergio Blasco y entre sí.

Estas, a su vez, subcontrataban con otras empresas pertenecientes a la organización que, en muchos casos carecían de actividad empresarial y personal, "sin que puedan justificar los trabajos o servicios que supuestamente habían efectuado pero los que habían cobrado", subrayaba en el auto de procesamiento. Esos ingresos se repartían entre las personas de la organización.