Fabra acusa a Compromís de estar en contra de la libertad de elección tras la denuncia por pagos a la concertada

VALENCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha criticado este lunes que Compromís y "algunos partidos más" estén en contra de la libertad de elección de los ciudadanos, en relación con la denuncia que ha presentado la coalición sobre la gestión pública de los centros de enseñanza concertados por la posible existencia de liberados de la patronal financiados por la Conselleria sin cobertura en norma o convenio alguno.

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts Mònica Oltra presentó el pasado 18 de julio una denuncia ante la Fiscalía de Valencia en relación con la gestión pública de los centros de enseñanza concertados de la Conselleria de Educación y, según publica este lunes el diario 'El Mundo', el fiscal ha abierto una investigación al respecto.

Fabra, que ha respondido a las preguntas de los periodistas antes de visitar la empresa Atenzia Servicios de Teleasistencia, ha dicho desconocer esta investigación. "Pero sí que sabemos el criterio de Compromís y de algunos partidos más, siempre en contra de todo aquello que signifique dar libertad o nuevas posibilidades a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ha manifestado.

"Nosotros apostamos por la libertad de elección y porque la enseñanza sea pública, gratuita, universal y de calidad para todos los ciudadanos", ha destacado el jefe del Consell, quien ha lamentado que haya "algunos contrarios a ciertos modelos de educación". En cualquier caso, cree que "también es bueno saber cada uno dónde se posiciona para que la gente tome las decisiones que correspondan".

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la administración autonómica está retribuyendo la nómina de diez personas liberadas de la patronal en colegios concertados, a pesar de que, "al contrario que los liberados estríctamente sindicales, en los acuerdos tripartitos no hay mención a este colectivo".

Así, Compromís señala que estas retribuciones "no se encuentran recogidos en norma, disposición o documento de rango legal alguno" y añade que "tampoco hay constancia de las actividades realizadas por estas personas". La coalición asegura que la cuantía estimada de esta "financiación irregular" asciende a 350.000 euros anuales.

Por todo ello, la formación política solicitaba la investigación de estos hechos por si fueran constitutivos de delito de malversación, prevaricación y falsedad documental, de sus posibles responsables y las consecuencias penales que pudieran derivarse de ello.