CASTELLÓN, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación penal que se incoaron por la denuncia interpuesta por el gerente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón sobre presuntas irregularidades en relación con expedientes de contratación y facturas que se habían emitido sin soporte o cobertura contractual en el periodo 2003-2015.
Así consta en el decreto firmado por el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, emitido después de que la fiscal que llevó la investigación propusiera el archivo de las diligencias al no ver delito de prevaricación ni de malversación. Sin embargo, sí considera que los hechos denunciados pudieran constituir irregularidades administrativas y contables.
La denuncia ponía en conocimiento del ministerio fiscal las presuntas irregularidades detectadas en relación con los expedientes de contratación suscritos entre el Hospital Provincial y las empresas Piaf S.L. y Telecso S.L., así como con las facturas emitidas por estas mercantiles que, en unos casos, superaban los importes contemplados en dichos expedientes y, en otros, se habían emitido sin soporte o cobertura contractural.
La fiscal instructora, además de considerar que no hay delitos de prevaricación ni malversación, concluye en su propuesta que no consta ninguna apropiación o distracción de caudales públicos, que únicamente podía haberse producido en el supuesto de que las facturas fuesen ficticias o no obedeciesen a trabajos efectivamente realizados.
Esta circunstancia, según el ministerio público, no resulta acreditada en el presente caso, que parece obedecer más a una "mala gestión de los fondos o a la insuficiencia de los mismos", ya que en el periodo de tiempo analizado se llevaron a cabo obras de remodelación y adaptación de los edificios que componen el Hospital Provincial, y que estas obras y servicios se seguían realizando y prestando emitiendo las correspondientes facturas a pesar de haberse excedido el importe fijado en los expedientes de contratación.
NO ES SUFICIENTE
En el decreto de Fiscalía se indica que no es suficiente la mera ilegalidad, la mera contradicción de un acto con el derecho para que aquélla o ésta sean constitutivas de delito y deba acudirse a la jurisdicción penal.
Además, se pone de manifiesto que en el informe de auditoría de 2016 realizado por la Intervención General de la Generalitat se indica que alguna de aquellas prácticas irregulares que se denunciaron continúan produciéndose y, por esta razón, realiza una serie de recomendación que, como ahora, debían haberse seguido en el periodo de tiempo denunciado.
Entre otros aspectos, se menciona la existencia de proveedores y acreedores declarados en el modelo 347 que no figuran en la relación de expedientes de contratación del Consorcio y para los que debería tramitarse expediente de contratación, o que los trabajos facturados se han adjudicado sin atenerse a lo establecido en el TRLSP, siendo nulos de pleno derecho al prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido.
