Inician una campaña de carteles y recogida de firmas que culminará con una manifestación en Valencia el próximo día 2 de diciembre
VALENCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los programas, centros y entidades encargadas de la atención de menores han advertido este martes del "peligro de cierre inmediato" de la mayoría de ellos si la Conselleria de Justicia y Bienestar Social no paga los "más de seis millones de euros" que les adeuda. Así, las centros concertados no han cobrado el 40% de las cantidades correspondientes a 2011, mientras a las empresas que gestionan centros públicos se les deben entre 10-12 meses, y en lo que respecta a subvenciones "no se ha cobrado nada" este año.
Así lo han asegurado la secretaria de Política Social de CCOO PV, Eva Hernández, el responsable del área de menores de FE CCOO PV, toni Jiménez, y el delegado del centro de menores del Cabanyal, Mario Lecumberri, en una rueda de prensa a la que también ha asistido el presidente de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores (APIME), Adolf Montoliu, quien ha anunciado que si Conselleria no paga antes del 30 de noviembre, acudirá a los juzgados el 1 de diciembre para poner una denuncia, o por incumplimiento de tutela o de contrato administrativo, ha avanzado.
Para el sector se trata de una "deuda asfixiante" que supone la "precarización" de un servicio "básico y fundamental" que además corresponde a la Generalitat "por ley" y que afecta también a la estabilidad de los trabajadores, algunos de los cuales, unos 150, llevan sin cobrar su sueldo desde el mes de agosto. Cifra que aumentará este mes, pues muchos centros "ya no pueden aguantar más" y no podrán pagar las nóminas de noviembre, han adelantado.
En este sentido, Eva Hernández ha explicado que actualmente existen tres modalidades de financiación en el sector: a través de conciertos plurianuales basados en un convenio, a través de la licitación pública --empresas contratadas por la Administración para gestionar centros públicos-- y que "debido a los requisitos no pueden concursar entidades sin ánimo de lucro", que también ofrecen estos servicios, y por último, a través de una orden de subvenciones que no tiene "no tiene ni fecha de salida ni de pago" y que resulta "completamente aleatorio"
Para la secretaria de Política Social de CCOO PV "este sistema no es posible en el siglo XXI", teniendo en cuenta que estas entidades realizan un "servicio básico", una actividad que, "por ley" es "responsabilidad directa de la Administración valenciana.
Ante esta situación, ha reclamado un pacto entre los partidos políticos valencianos para "cambiar el actual modelo de financiación" y ha abogado por un sistema "similar al sistema de concierto educativo".
Para poder exponer su propuesta han solicitado una reunión con la directora general del Menor, Carolina Hernández, de la que están pendientes de respuesta. La que sí tiene fecha es su reunión con el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi que será el próximo 29 de noviembre.
Asimismo, han anunciado una campaña de cartelería que llevará consigo la recogida de firmas solicitando el pago de la deuda y un cambio de modelo de financiación y que, si no se producen cambios antes, culminará el próximo día 2 de diciembre con una manifestación que se iniciará a las 11.30 horas a las puertas de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social y concluirá frente al Palau de la Generalitat.
Como trabajador del sector, Mario Lecumberri ha querido hacer hincapié en el peligro de "precarización" y "vuelta atrás" en las condiciones de atención a menores y familias, un servicio que sale adelante gracias al "alto nivel de compromiso de los profesionales", que sin embargo se ven abocados a la "inestabilidad y la precarización laboral", pese a que ha sido el "único sector que ha generado empleo en los últimos años".
En concreto en la Comunitat Valenciana, hay unos 2.100 trabajadores dedicados a la atención directa de unos 1.500 menores en centros y que abarcan una población de atención de hasta 8.000 familias.
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