Generalitat y Murcia piden al Gobierno que todo cambio en las reglas del trasvase se negocie con CCAA y usuarios

   VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Joaquín Buendía, han reclamado al Gobierno de España que "cualquier modificación" de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura "sea abordada mediante un proceso de diálogo en el que participen todas las comunidades autónomas, usuarios y sectores afectados".

   Ambos responsables han mantenido una reunión de trabajo en la Oficina de la Generalitat Valenciana en Madrid para analizar la situación actual del trasvase, las propuestas de modificación de sus reglas de explotación, el aprovechamiento de aguas regeneradas, así como los principales retos que afrontan los sectores agroalimentario y pesquero del arco mediterráneo, según ha informado el Gobierno valenciano en un comunicado.

   Tras el encuentro, Barrachina ha advertido de que la Comunitat Valenciana "no aceptará negociaciones bilaterales que excluyan a los territorios que dependen directamente del trasvase Tajo-Segura".

   "El futuro del agua del sureste español no puede decidirse en una mesa cerrada entre el Gobierno de España y una sola comunidad autónoma. Cualquier cambio en las reglas de explotación debe contar con la participación de las comunidades receptoras, los regantes, los usuarios y todos los territorios afectados", ha afirmado.

   El conseller ha subrayado que ambos gobiernos han solicitado "en reiteradas ocasiones" participar en las conversaciones sobre el futuro de esta infraestructura estratégica y ha lamentado la falta de respuesta por parte del Ejecutivo central.

   Barrachina y Buendía han coincidido en destacar que el trasvase Tajo-Segura constituye una infraestructura "imprescindible" para garantizar el abastecimiento hídrico, la actividad agrícola y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo en el sureste español.

   En esta línea, según el Gobierno de la Región, ambas autonomías han consolidado sus demandas conjuntas al Estado en defensa del trasvase Tajo-Segura y denuncian "el recorte de cerca del 50 por ciento del agua destinada a regadío".

"DEBERES HECHOS"

   "La Región de Murcia y la Comunitat Valenciana hemos hecho los deberes. Murcia es un ejemplo internacional que reutiliza el 98 por ciento de sus aguas urbanas, un nivel de eficiencia que nos legitima para exigir que el Estado cumpla lo prometido. No se puede invocar la ecología para justificar recortes políticos mientras el Gobierno de España mantiene en el cajón las inversiones de depuración y la modernización de regadíos del Alto Tajo", ha señalado Joaquín Buendía.

   "Mantener los envíos de agua a través del trasvase no es un favor al Levante, es una obligación mientras el Estado siga incumpliendo sus propios planes de inversión en el Tajo", ha añadido el consejero.

   Asimismo, ambos han subrayado que las decisiones sobre la gestión del agua deben responder a criterios técnicos y de interés general, y no a planteamientos políticos "que ignoren las necesidades de los territorios receptores".

SANIDAD VEGETAL

   Además, ambos responsables han acordado impulsar un encuentro de comunidades autónomas para abordar de forma conjunta los principales problemas fitosanitarios que afectan actualmente a los agricultores de toda España.

   La iniciativa pretende reunir a representantes políticos y técnicos de las distintas regiones con el objetivo de compartir experiencias, coordinar actuaciones y analizar soluciones eficaces ante los desafíos que afronta el sector.

   En este sentido, han coincidido en la necesidad de dotar a los productores de herramientas adecuadas para combatir plagas y enfermedades, al tiempo que han reclamado que cualquier restricción o retirada de productos fitosanitarios vaya acompañada de alternativas viables, eficaces y accesibles para los agricultores.

   En este sentido, Barrachina ha subrayado que el sector agrario necesita disponer de herramientas "eficaces" para hacer frente a los problemas fitosanitarios y ha advertido de que "la retirada de determinadas materias activas debe ir acompañada de alternativas que hayan demostrado su eficacia, estén suficientemente desarrolladas y resulten económicamente asumibles para los agricultores".

EUROPA

   Durante la reunión, ambos responsables también han abordado la necesidad de reforzar una posición conjunta ante las instituciones europeas para defender los intereses de los agricultores mediterráneos frente a la competencia desleal de terceros países.

   En este sentido, han reclamado una "mayor reciprocidad" en las exigencias impuestas a las producciones importadas y un refuerzo de los controles en frontera para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos. "Los agricultores del sureste están preparados para competir, pero exigen hacerlo en igualdad de condiciones", han señalado.

   Barrachina ha insistido en que "no es razonable exigir cada vez mayores requisitos ambientales, laborales o fitosanitarios a los productores europeos mientras se permite la entrada de productos procedentes de países terceros que no están sujetos a las mismas obligaciones".

   Por ello, ha reclamado la aplicación efectiva de cláusulas espejo, mayores controles en frontera y una Política Agraria Común (PAC) post-2027 dotada de recursos suficientes para garantizar la rentabilidad y la competitividad del campo mediterráneo. "Si Europa quiere preservar su seguridad alimentaria, debe proteger a quienes producen alimentos dentro de Europa", ha añadido.

PESCA MEDITERRÁNEA

   La reunión también ha servido para avanzar en una estrategia común en defensa del sector pesquero mediterráneo, especialmente ante la reducción de los días de actividad de la flota de arrastre y el futuro del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

   Finalmente, Barrachina y Buendía han coincidido en que la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia comparten retos, intereses y objetivos comunes en materia hídrica, agraria y pesquera, por lo que han acordado mantener una coordinación permanente para defender conjuntamente los intereses del sector agroalimentario y pesquero mediterráneo ante el Gobierno de España y las instituciones europeas.