El trabajador tuvo un primer contacto con las transferencias el día 17 tras recibir un correo electrónica alertando de una anomalía
VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)
El gestor de la cuenta de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) València en Caixabank ha declarado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga la estafa de cuatro millones de euros en la compañía pública, que el gerente, Josep Enric Garcia Alemany, entró en la banca electrónica de la entidad en septiembre y ordenó algún pago a proveedores. Según su declaración, a lo largo de estos días se ordenaron pagos a través de la línea abierta que fueron firmados por el gerente y por la responsable de gestión.
Según la explicación, el banco puede saber qué persona ha accedido y ver qué ha hecho porque cada uno tiene un identificador. El empleado, que ha declarado este jueves en el juzgado como testigo, ha explicado que durante los días en los que se cometió la estafa --entre el 3, cuando comenzaron los pagos y el 23 de septiembre, cuando saltan las alarmas-- además de la que era jefa de Administración de la empresa y única trabajadora despedida e investigada en la causa, entraron en la banca electrónica dos responsables en la firma: la responsable del área de Gestión y el gerente, que estaba de vacaciones hasta el 9 de septiembre.
Tal y como ha podido saber Europa Press, en su declaración ha dicho que el gerente consta que dio una orden de pago en esas fechas. Asimismo, el gestor, a preguntas del letrado de la trabajadora despedida, ha asegurado que tanto Alemany como la responsable de Gestión entraban a mirar las cuentas, un hecho que pueden saber a través de las claves que tiene cada uno.
De igual modo, ha desgranado que había tramitado pagos con anterioridad por el procedimiento de recibir a través del correo electrónico una carta de orden de pago en pdf, un procedimiento que ha explicado que es habitual cuando se trabaja con clientes institucionales.
Según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de su declaración, el trabajador regresó de vacaciones el 9 de septiembre y tuvo un primer contacto con este tema el día 17. En esa fecha, recibió un correo del centro operativo --integrado en lo que se denomina SOBI--, que es donde se recoge la operativa con clientes de instituciones.
En el correo se hablaba de una "anomalía" y se puso en contacto con la responsable de administración de la EMT. En ese momento, según le comunicó la trabajadora, se habían hecho ya cinco transferencias, y hasta esa fecha, ella había remitido cartas de pago, no facturas.
El gestor de la cuenta no ha podido contestar a la razón de porqué en esas cinco transferencias anteriores no se habían reclamado los originales. En todo caso, ha dicho que el protocolo no fija la obligación de pedir facturas.
El día 20 le reclamó las facturas porque "le saltó una alerta sobre el seguimiento, dado que se estaban realizando operaciones internacionales". Asimismo ha dicho que "no le consta" que se hubieran hecho con anterioridad pagos mediante transferencia internacional.
A la empleada asegura que le pidió la verificación de las firmas, y que esta le dijo que eran correctas, y ha explicado que la EMT solía tener cantidades de dinero altas aunque en esta ocasión eran más elevadas de lo habitual.
El día 20, cuando iba a hacer la última factura pidió documentación que sustentara las facturas pero tuvo sospechas y contactó con García Alemany, que le dijo que no hiciera esa transferencia. Según su versión, durante este tiempo algunos de los correos los puso con copia a la jefa de gestión aunque no recibió respuesta.
Durante su declaración, el empleado ha explicado que no detectó nada extraño hasta que el lunes 23 de septiembre recibió las facturas que había pedido a la encargada de administración el viernes anterior. Ahí es cuando el banco empezó a detectar los fallos.
En un informe del pasado 24 de octubre el banco contestó a la EMT rechazando abonar el importe de las ocho transferencias ordenadas por 4 millones de euros a cuentas de China, aseguraba que las órdenes de pago activadas por la empresa fueron cursadas y confirmadas por varios medios y autentificadas a través de los teléfonos y direcciones de correo corporativos y comunicaba que Caixabank no tenía responsabilidad en los "fraudes o eventuales brechas de seguridad que puedan sufrir sus clientes, ni debe responder en los supuestos de negligencia" del cliente.
