El halconero del aeropuerto tenía un expediente por su actividad en el Castillo de Peñíscola, según Compromís

GUARDIA CIVIL

CASTELLÓN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Compromís, Mònica Oltra, ha pedido explicaciones al Consell sobre el estado del expediente abierto por la propia administración autonómica a la empresa del 'halconero' del aeropuerto de Castellón --que hasta hace 15 días disfrutaba de un contrato por el servicio de control de aves y roedores de la instalación aeroportuaria-- por presuntas irregularidades en las actividades realizadas por el empresario dentro del Castillo de Peníscola.

Cabe recordar que la Guardia Civil ha dado a conocer esta semana los frutos de la denominada 'Operación Crisálida', en la que recuperó 123 animales exóticos e imputó a esta persona, vecino de la localidad castellonense de Peñíscola, como supuesto autor de un delito de contrabando de especies protegidas y falsificación de documentos y certificados.

Según ha explicado Oltra en un comunicado, mientras estaba en vigor este contrato entre Aerocas y el empresario --desde finales de 2011 hasta, parece ser, el 11 o 12 de este mes de julio de 2013--, la Conselleria de Agricultura "abrió un expediente en 2012 por presuntas irregularidades de la exposición de aves rapaces y exhibición de vuelos, instalada en el Castillo de Peníscola, actividad que ahora se repite".

Los agentes medioambientales de la Generalitat le hicieron una inspección en julio 2012 a la actividad que llevaba a cabo en el Castillo de Peníscola, propiedad de la Diputación, con cobro de entrada y sin estar dado de alta como parque zoológico ni como núcleo zoológico. Pese a todo, apunta al coalición, esta empresa tenía abierto desde antes de 2008 un zoo, "lo que podría contravenir el artículo 7 de la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parcos zoológicos (normativa básica) y el artículo 17 del Decreto 83/2007 del Consell.

De esta inspección, se comprobó que tampoco contaba con licencia ambiental que otorga el Ayuntamiento (la antigua licencia de actividades). Tampoco se sabe, prosigue, qué tipo de impuestos se habría podido pagar una actividad posiblemente "clandestina, de la cual, parece ser la Diputación se llevaría un 20 por ciento de la recaudación". Esta inspección en el Castillo, se hizo después de encontrar los agentes medioambientales de la Generalitat, búhos ilegales en una vivienda particular.

SANCIÓN

Según esta actuación, "en ninguno de los animales protegidos se detectó el microchip interno obligatorio y parece ser que a raíz de la inspección se abrió un expediente por parte de la Conselleria de Agricultura, en la cual se le pedía una sanción de 60.000 euros de multa".

Compromís ha pedido por vía parlamentaria explicaciones de estas investigaciones y del resultado del expediente abierto, y saber "por qué motivo, si en 2012 ya la propia administración estaba sancionando a la empresa, no fue hasta julio de 2013 cuando acordó rescindir el contrato para emplear esas aves para el control de la fauna del aeropuerto sin aviones".

La formación también pide información sobre si cuenta esta actividad de todas las licencias preceptivas, tanto a nivel municipal como autonómico.