Pide a Alfonso Grau cuentas y contratos de la fundación municipal Valencia Convention Bureau
VALENCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El juez que instruye la pieza separada número 25 del caso Palma Arena, José Castro, ha imputado este lunes a dos nuevas personas en Valencia: al actual secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat, Luis Lobón, quien anteriormente ocupó el cargo de responsable de Grandes Eventos del Consell; y a la que fuera técnica del departamento jurídico en 2004 y posteriormente máxima responsable de esta sección en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), María Ángeles Mallent. Ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación.
Tanto Lobón como Mallent estaban citados a declarar este lunes junto a otras 14 personas en calidad de testigos por los contratos entre el Consell y el Instituto Nóos. Pero finalmente, tras pedirlo las partes --acusación popular y Fiscalía--, los dos han sido imputados y serán citados a declarar próximamente en esta condición en compañía de un abogado.
Junto a ellos, son seis las personas imputadas por el juez en Valencia, ya que previamente lo han sido la exdirectora de gestión de Cacsa entre los años 2003 y 2008, Elisa Maldonado; y los que fueran directores generales de la institución José Manuel Aguilar (2003-2005) y Jorge Vela, que lo reveló en el cargo hasta 2009. También está imputado el empresario valenciano Miguel Zorío. A la exsubsecretaria de Presidencia y actual secretaria de Delegación de Gobierno, Isabel Villalonga, le consta una imputación policial, pero no judicial.
Este lunes, la primera persona en ser imputada ha sido Mallent por presuntas irregularidades en las contrataciones con Nóos. Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso, el magistrado ha decidido imputarle después de que ésta no haya aclarado la ausencia de un informe jurídico sobre el contrato que se firmó entre Cacsa y el Instituto Nóos, que dirigía Iñaki Urdangarin, en 2004.
El ministerio fiscal ha solicitado la imputación porque no se hizo ningún tipo de informe jurídico, ni sobre la necesidad y utilidad pública de la contratación, ni sobre el procedimiento a seguir para poder contratar, lo que considera necesario. La trabajadora de Cacsa ya reconoció el pasado 2 de diciembre, en su declaración ante responsables del Grupo de Delicuencia Económica, que el "área jurídica se limitó a confeccionar un convenio ya pormenorizado en detalles" y que "no se emitió ningún informe de carácter jurídico que les responsabilizara".
El segundo en pasar a la condición de imputado ha sido Luis Lobón, quien antes de comenzar a declarar ha sido advertido por el juez de la obligación que tenía a decir la verdad, y le ha pedido que fuera serio y que no contestara con evasivas. Así, Lobón ha comenzado su testimonio explicando la responsabilidad que tenía en su cargo de Grandes Eventos de la Generalitat y a la relación que mantenía con la fundación Valencia Convention Bureau. Al ser preguntado por cuál era la jerarquía, ha mantenido en todo momento que no había una fuerza jerárquica, si no de dependencia, de igualdad, han indicado a Europa Press las mismas fuentes.
En ese momento, el actual secretario autonómico de Turismo ha negado que recibiera órdenes de arriba para contratar con el Instituto Nóos, y ha expuesto que se contrató con esta entidad tras decidirlo la dirección de Proyectos, ante la importancia del evento y la trascendencia.
Pero el juez se ha visto obligado a interrumpir la declaración cuando Lobón, a preguntas del fiscal, estaba explicando cómo contactó con el instituto. Estaba explicando que no se acordaba exactamente si recibió una llamada del instituto, o del consejo, que no lo recordaba. En ese momento, el magistrado ha ordenado su imputación en el procedimiento.
"PRECIO AJUSTADO"
El resto de testigos --14-- que han asistido a prestar declaración han mantenido su condición. Entre ellos, estaba el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, quien se ha ratificado en su declaración anterior y ha justificado los contratos con el Instituto Nóos por ser "razonables" y con un "precio ajustado". A Grau se le ha solicitado cuentas y contratos de la fundación municipal Valencia Convention Bureau, para que los aporte a la causa.
Grau ha declarado que las cuentas de esta fundación valenciana están "auditadas, fiscalizadas y depositadas en el registro de fundaciones de la Generalitat". También ha dicho que están aprobadas por sus órganos de gobierno, "teniendo en cuenta que se trata de una fundación de derecho privado. Por tanto, está sometida a un régimen distinto al de la Administración Pública".
Además, ha explicado que se contrató con Nóos porque "ofrecía una propuesta razonable" y porque, además, "planteaba traer personalidades relevantes del mundo del deporte para promocionar la ciudad, cosa que en aquellos momentos buena falta hacía. Y a la vista están los resultados".
Grau también ha subrayado que "la repercusión que ha tenido el evento deportivo y toda la promoción que se hizo ha supuesto para la ciudad unos 4.000 millones de euros, que no es ninguna broma. Si lo comparamos con eso, es casi calderilla", ha añadido. Así, preguntado por si considera barato el precio de contratación, ha dicho: "no digo que sea barato, fue un precio ajustado. Los actos que se contrataron se realizaron y se pagaron".
El resto de testigos que ha pasado este lunes por la Ciudad de la Justicia de Valencia han coincidido en lo mismo: han afirmado que el precio pago al instituto Nóos estaba "preconcebido" y que "parecía razonable". También han señalado que los miembros del sector jurídico estudiaban los contratos y daban el visto bueno, y han añadido que si no hubiera estado el duque Iñaki Urdangarín de por medio, todo "hubiera sido menos razonable".
Asimismo, el expresidente del Valencia y empresario Francisco Roig, el del máximo dirigente del Villarreal, Fernando Roig, y el exdirectivo del Valencia Juan Bautista Soler, se han ratificado ante el juez en sus declaraciones anteriores.
