ALICANTE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
La juez de instrucción número 1 de Alicante, encargada del conocido como 'caso Mercalicante', ha decidido transformar las diligencias previas inicialmente abiertas en un procedimiento abreviado contra José Emilio Clavero Labad --ex director gerente de Mercalicante S.A--, Miguel Ángel Ramo Juste --ex contable--, Fernando Barroso Corbacho --ex director de mercados electrónicos--, Ángel Moreno Sánchez, Custodia María Josefa Camuñas Gutiérrez, Julio Carlos Serio Figueredo, Francisco Javier Luego Sánchez, Antoni Rocas Llobet y Cristina Soro Vicente, según informó hoy en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Asimismo, la instructora ha acordado el sobreseimiento libre y parcial, y el archivo de la causa respecto a Juan José Vidal Font y TVE Ingenieros SL, "por no ser los hechos que inicialmente se les atribuían constitutivos de infracción penal", "concretamente delito de estafa", tal y como señaló hoy en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
También ha estimado el sobreseimiento libre y parcial y archivo de las diligencias previas respecto a Carlos Losada Macías, ya que considera que "los hechos investigados no constituyen el delito de estafa del que le acusaba Mercalicante SA".
De esta forma, el juez atribuye a José Emilio Clavero Labad los supuestos delitos de estafa, delito societario, apropiación indebida, administración desleal, falsedad de documentos privados y mercantiles y alzamiento de bienes; a Ángel Moreno Sánchez y Custodia María Josefa Camuñas Gutiérrez, los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental; a Julio Carlos Serio Figueredo, Francisco Javier Luego Sánchez y Antoni Rocas Llobet, los supuestos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
A Miguel Ángel Ramo Juste le achaca un presunto delito societario, de apropiación indebida, administración desleal, estafa y falsedad documental de documentos privados y mercantiles; a Cristina Soro Vicente, un supuesto delito de alzamiento de bienes, y a Fernando Barroso Corbacho un presunto delito de estafa y falsedad documental.
La transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado supone "explícitamente el rechazo de la petición de sobreseimiento de la causa formulada por algunas de las partes".
A partir de ahora el ministerio fiscal, acusaciones particulares y acusaciones populares tienen un plazo común de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral, formulando escritos de acusación, o el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias. Esta decisión de la juez instructora puede ser recurrida en reforma.
