El instructor archiva también la imputación al secretario de la mesa y dos vocales de la mesa de contratación del 'Call Center'
VALENCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye las distintas piezas del caso Imelsa, ha decidido investigar en la parte de los contratos 'zombis' a tres exdiputados provinciales: Rafael Rubio y Raúl Pardos, del PSPV y a Salvador Enguix, del PP, y a un exasesor de esta última formación política. Todos ellos han sido citados el 7 de octubre en las diligencias abiertas por malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y fraude en la contratación.
En esta pieza se investiga un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana e indemnizaciones irregulares en el seno de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.
Además, en el marco de esta misma pieza separada, el magistrado ha acordado archivar la causa contra dos exsindicalistas, Honorio Estornell y Rubén Estornell, padre e hijo, imputados por malversación y fraude en la contratación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Según el instructor, en este último caso, las declaraciones de ambos, la documentación aportada y la declaración del exgerente de la empresa, Marcos Benavent, también imputado, permiten concluir que no existen indicios de una "conducta malversadora", que no existió una acción "concertada y connivente con la dirección de Imelsa para enriquecerse personalmente" a raíz del despido del padre, exalcalde de Llutxent, con cargo a los recursos públicos de Imelsa.
El juez no aprecia indicios "relevantes" de delito, "más allá de que Honorio Estornell exigiese, y le fuese aceptado, un incremento no sustancial de la indemnización que le correspondía por despido improcedente a fin de no oponerse y judicializar su despido, sobre la base del cargo de delegado sindical que ostentaba en la empresa".
Esto, señala el instructor en el auto notificado a las partes, "debe enmarcarse en el desenvolvimiento, lícito, de las facultades negociadoras en el ámbito del despido laboral". No se aprecia, por tanto, "concertación para la distracción finalista de caudales públicos bajo falsas apariencias" sino una "mera composición contractual de ambos intereses contrapuestos, los del trabajador los de la empresa".
En su resolución, el magistrado admite que el sindicalista despedido pudo, incluso, exigir la contratación de determinadas personas a cambio de dar la conformidad a su salida de la empresa, una conducta que "podrá criticarse, desde criterios de imparcialidad y concurrencia que debe presidir la contratación de los empleados públicos".
Precisa, no obstante, que "de lo actuado sabemos que en aquel tiempo y contexto, la contratación de trabajadores por la dirección de Imelsa no se ajustaba en la práctica y para la práctica totalidad de trabajadores a los procedimientos reglados para hacer efectivos dichos principios".
CONTRATACIÓN "DISCRECIONAL"
El juez concluye que "la supuesta aceptación por la empresa de ciertas contrataciones a indicación del trabajador despedido" no es una conducta malversadora sino un "caso más de contratación discrecional" que queda fuera del objeto de investigación de esta pieza separada del Caso Imelsa.
Además de los contratos ficticios, el juzgado investiga a contratados por Imelsa por las indemnizaciones que percibieron al extinguirse su vínculo laboral con dicha empresa pública. Según consta en el auto que dio origen a esta pieza separada existen sospechas de que pudiera haber existido algún tipo de "maquinación concertada" entre la empresa y algunos trabajadores para que estos cobraran elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un "innecesario y arbitrario enriquecimiento" a costa del erario público.
En la causa está también imputado José Adolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicación Engloba, por su participación en la supuesta contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldo costeaba Imelsa. Esta misma modalidad de contratación se daba, supuestamente, con un jugador del Olimpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus.
Tanto el expresidente de la Diputación como Vedri tienen la condición de investigados (imputados según la denominación previa a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); las empresas, Engloba y el Club de fútbol, figuran en el procedimiento como posibles responsables civiles a título lucrativo.
CALL CENTER
Por otra parte, el juez ha dictado auto de sobreseimiento provisional respecto a tres de los investigados en la pieza separada del caso relacionada con la adjudicación a la empresa Servimun del contrato de gestión del servicio de atención multicanal a los contribuyentes, conocido como 'Call Center'.
En concreto, el juez ha archivado la causa respecto del exdirector del Área Jurídica de Imelsa y secretario de la mesa de contratación, el exdirector Financiero y vocal de la mesa de contratación, y el también vocal de la mesa de contratación y exjefe de la Unidad de procesos masivos tributarios de la empresa.
El auto de archivo destaca la "coherencia" respecto a otros datos objetivos de la investigación en las explicaciones de los hasta ahora investigados, que prestaron este lunes declaración ante el juez. En su decisión, el magistrado ha considerado la "insuficiencia indiciaria y la desproporción que en el contexto de la investigación penal supone el mantenimiento actual de dicha posición procesal".
Esta pieza está relacionada con el presunto amaño en la adjudicación a la empresa Servimun del contrato de gestión del servicio de "Call center", destinado a atender a los contribuyentes. De lo investigado hasta ahora, el instructor concluye que hay indicios de que tal adjudicación "pudo ser decidida" por el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, con la intención de favorecer al responsable de dicha empresa.
En esta pieza se mantienen como investigados (antes imputados) el mismo Alfonso Rus, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y otras siete personas, entre las que figura el diputado provincial delegado de empresas públicas, y directores y jefes de área de la empresa Imelsa. Se les imputan delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental.
