VALENCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) ha reiterado que no ha cometido ningún delito contra Hacienda, la Seguridad Social ni por falsedad documental en la gestión de las subvenciones para planes de formación.
Fuentes de la patronal han recalcado este extremo tras conocerse hoy viernes que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules (Castellón)ha concluido la instrucción de la causa que se sigue contra la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y contra Cierval por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación y ha acordado procesar a dos dirigentes de la patronal castellonense, Rafael Montero y José Antonio Espejo, y a tres empresarios, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Asimismo, el instructor procesa también a la CEC, al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la anterior, a la patronal autonómica Cierval, y a otras cuatro mercantiles --academias y centros de formación-- que supuestamente emitieron las facturas falsas que permitieron el desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval de los 12 que recibió ésta última de la Generalitat Valenciana.
Al respecto, Cierval siempre ha mantenido que la organización autonómica no puede cometer el fraude, ya que no ejecuta subvenciones sino que esta labor la hacen las confederaciones territoriales. Por tanto, solo se ocupa del traslado a la administración de los expedientes en los que se justifican las subvenciones, según han explicado fuentes de la organización a Europa Press.
El auto del juez, que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, pone fin a la instrucción que se inició en julio de 2015 con una denuncia de Anticorrupción y deja la causa preparada para la celebración del juicio.
El fiscal deberá ahora decir si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias, explica el alto tribunal valenciano.
En el supuesto de que el ministerio público entienda que debe celebrarse juicio porque hay indicios de delito, presentará el correspondiente escrito de acusación, en el que realiza un relato de cómo cree que sucedieron los hechos y concreta el delito que imputa a los acusados y la pena o penas que solicita para ellos.
Cumplimentado este trámite, el instructor dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal a los abogados de los procesados para que, a su vez, formulen el escrito de defensa.
