VALENCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, ha encargado al Observatorio de Justicia de la Comunitat Valenciana un informe "completo y riguroso" de las alternativas, opciones y necesidades de una posible jurisdicción de familia en el marco de la actual planta y de la realidad de las cargas de partidos de la Comunitat.
Sánchez de León se pronunció en estos términos tras clausurar, junto con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, las VI jornadas nacionales de magistrados, jueces de familia, fiscales y secretarios judiciales que se celebraron en Valencia.
Para la consellera, es necesaria una "reflexión global" sobre los Juzgados de Familia, que "va más allá de incorporar una nueva jurisdicción especializada", ya que "la alternativa no puede limitarse a ser una nueva capa jurisdiccional sin coherencia con el resto de las jurisdicciones ni con la realidad de los partidos judiciales".
En este sentido, avanzó algunas de las opciones que se barajan, como la "especialización de los juzgados de familia, pero con ámbito territorial, para asumir los asuntos de varios partidos judiciales, lo que permitiría apostar por la especialización y calidad".
También apuntó que se podría decidir que "en determinados partidos judiciales, a partir de un número de juzgados, exista uno que asuma todos los asuntos de familia derivados del resto"; o que "los juzgados exclusivos de violencia de género", dado que la territorialización del Ministerio "no va a ser inmediata" asuman, "con los ajustes necesarios, todos los asuntos de derecho de familia del resto de los juzgados".
Sánchez de León señaló que la actual situación de crisis "afecta al incremento de entrada de asuntos en los juzgados" y que la problemática es "especialmente grave" en los juzgados mixtos que asumen la competencias civiles y, dentro de éstas, los asuntos de familia.
Al respecto, consideró que "el Juzgado de Familia no puede dar una respuesta de calidad frente a las situaciones que se plantean" y añadió que "no es asumible que los tiempos de resolución de asuntos cambien radicalmente según los órganos", como ocurre ahora, cuando un divorcio de mutuo acuerdo "puede estar resuelto en un mes en un juzgado de familia, mientras que en uno mixto puede tardar cinco meses", lamentó.
Por ello, manifestó que "es necesario afrontar la reforma de la planta judicial, la reforma de la ley orgánica del poder judicial y la normativa procesal, al igual que se hizo en su día con los juzgados de menores, mercantiles o los de violencia de género".
En el ámbito de la mediación, hizo hincapié en que el Consell va a iniciar un debate para impulsar la ley de mediación de derecho privado, que regula la mediación familiar como otra forma extrajudicial de resolución de conflictos. Esto, según dijo, supondrá "una descarga de presión sobre los órganos jurisdiccionales y reducirá los plazos de resolución de conflictos".
También destacó que se va a suscribir un convenio con el Colegio de Abogados de Elx (Alicante) para la puesta en marcha de un servicio piloto de mediación familiar, en colaboración con el Juzgado de Familia de Elche, que remitirá las partes de los procedimientos de familia a una sesión informativa de mediación, para que éstas decidan si continuan con los procesos o no.
CONCLUSIONES QUE LLEGUEN AL CGPJ
Por su parte, De Rosa destacó algunas de las conclusiones a las que se han alcanzado en este encuentro e instó a los participantes a que las hagan llegar al CGPJ para que este ógano inste al Ministerio a "las modificaciones legales necesarias".
En concreto, el vicepresidente del Consejo destacó la conclusión respecto al derecho internacional privado de familia y que se ha resaltado "la necesidad de modificaciones legales y la prolongación de una ley que regule los procedimientos internacionales que deben integrarse en la Ley de Enjuiciamiento Civil que afectan al derecho de familia y menores".
De Rosa señaló que "esto se debe al mayor número de matrimonios entre nacionales y extranjeros, que afectan en caso de separación a la ley aplicable y también respecto a los menores que se vean afectados en cada caso".
Otra de las resoluciones del Congreso ha sido, según dijo De Rosa, la necesidad de "regular comunicaciones directas entre jueces y estado" y de "dictar guías de buenas prácticas". Así, reclaman que la directiva europea sobre aspectos en la mediación de asuntos civiles "sea incorporada a los derechos nacionales antes de mayo de 2011, lo que supondrá para España potenciar los procesos alternativos para la solución de conflictos".
El vicepresidente del CGPJ subrayó que resulta "novedoso" el trabajo realizado en materia de buenas prácticas para juzgados de familia y afirmó que esta "es muy importante porque no se debe olvidar la idea del servicio público que hay que trasladar a los ciudadanos".
En este sentido, también resaltó la custodia compartida y afirmó que esta figura "debe ser un instrumento que el juez puede utilizar", y aunque "nunca" se debe imponer, sí se debe ver "favorecida en la legislación", apuntó.
En cuanto a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), aseveró que las conclusiones al respecto han ido encaminadas "al reconocimiento a la labor desarrollada" en estos órganos; la exigencia de la "especialización" de Juzgados de Familia, "algo en lo que el CGPJ está trabajando"; el estudio de la normativa autonómica; y el documento marco de mínimos, así como la "necesidad" de continuar desarrollándolo.
