El juzgado suspende hasta febrero el desahucio de 38 familias de dos bloques en la Pobla de Vallbona

Vivienda anuncia negociaciones con la propiedad para conseguir una alternativa habitacional para los afectados

Concentración en Valncia para frenar el desahucio de los vecinos de la Pobla
Concentración en Valncia para frenar el desahucio de los vecinos de la Pobla - EUROPA PRESS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 7 diciembre 2020 15:44

   VALNCIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Juzgado de Llíria ha aplazado hasta el 8 de febrero el desahucio de 38 familias de dos bloques de viviendas de la localidad valenciana de la Pobla de Vallbona, según ha anunciado el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, quien ha anunciado negociaciones con la propiedad del edificio para conseguir una alternativa habitacional para estas familias.

   Martínez Dalmau ha expresado su "satisfacción" ante la decisión del Juzgado de Llíria de suspender el desahucio, que estaba previsto para el próximo miércoles, una satisfacción que es compartida con el Ayuntamiento de la localidad y con su alcalde, Josep Vicent García, según ha informado en un comunicado.

   El vicepresidente del Consell ha destacado "la importancia de haber actuado con total celeridad y de manera conjunta y coordinada desde la Generalitat y el Ayuntamiento para demostrar que se trata de familias vulnerables, de más de 90 personas que no disponen de alternativa habitacional".

   "Ahora, una vez los jueces han decidido la suspensión, vamos a iniciar un proceso de negociación con el fondo de inversión para buscar alternativas", se ha comprometido, y ha dicho que la solución "pasa por conseguir alquileres sociales o por que la propia Conselleria adquiera directamente el edificio y pueda regularizar los alquileres".

   El vicepresidente ha insistido que desde el Consell "se sigue trabajando para que todas las personas tengan garantizado el derecho a la vivienda y no pueda haber ningún desahucio sin una alternativa habitacional".

   Desde que llegó a la Dirección General de Emergencia Habitacional el aviso de la situación, a través de representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), tanto la Conselleria como el Ayuntamiento han estado trabajado conjuntamente para encontrar una solución que no causara perjuicios a las 38 familias afectadas.

   En las últimas semanas se han mantenido conversaciones telefónicas, intercambios de correos con la propiedad que concluyeron con una reunión por videoconferencia con los representantes legales de la parte actora, donde se les reiteró la petición de que fuera facilitada la suspensión "con el fin de disponer de entre tres y cuatro meses para poder negociar las soluciones contractuales o conveniales que existen en la Conselleria para alcanzar la solución habitacional a las familias afectadas".

   En la reunión se expuso la posibilidad de firmar un convenio donde se establecieran "alquileres asequibles" para las familias y, del mismo modo, se les informó de los mecanismos habilitados para la adquisición de los inmuebles "por emergencia", "teniendo siempre presente que tanto un convenio como la adquisición son procedimientos administrativos que requieren entre cuatro y siete meses de tramitación".

   Por su parte, los servicios sociales del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona aportaron al Juzgado los informes de vulnerabilidad correspondientes. Tras una reunión el pasado 2 de diciembre y, ante la falta de respuesta, desde la Dirección General de Emergencia Habitacional se reiteró por escrito de nuevo la solicitud de suspensión y se comunicaron al Juzgado de Llíria las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha.

   El Juzgado, ante la suspensión solicitada y los informes presentados, ha decretado la suspensión hasta el próximo 8 de febrero. La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, también ha expresado también su "satisfacción" por la decisión judicial, y ha subrayado que se trabajará "a contrarreloj" para poder dar la solución habitacional idónea para las familias.

   Entre los afectados, según los datos de la PAH, 94 personas, de las que una mujer está embarazada, tres presentan alguna discapacidad y 25 son menores. La PAH, que se ha concentrado y reunido con representantes de partidos políticos para reclamar una solución para las familias, piden al banco propietario de las viviendas o al fondo que las gestiona, una alternativa habitacional.

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