Juzgan a un hombre acusado de amenazar a sus deudores para obtener más dinero por retrasos en los pagos

ALICANTE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular juzga desde hoy en la Audiencia Provincial de Alicante a un hombre acusado de amenazar de muerte a varias personas a las que prestó dinero, con la intención de que le pagarán un incremento de efectivo por retrasos en la devolución de los créditos. El fiscal pide para Rafael P.G. una pena de cuatro años de prisión por un delito de amenazas condicionales, en las que consiguió su propósito, y 20 meses de cárcel por el mismo delito, en el que no consiguió su propósito.

El acusado aseguró hoy que prestó 5.000 euros a un empresario "para que pagara a sus albañiles", y que llamaba por teléfono a éste para pedirle que le devolviera el dinero. Asimismo, Rafael P.G. señaló que "no amenazó con matar" a nadie y que la denuncia que ha motivado el juicio celebrado hoy surgió como "un montaje" de una persona a la que prestó 6.000 euros, que "ha organizado un complot para no pagarme".

En este sentido, Rafael P.G. afirmó que prestó 6.000 euros a "un conocido de un amigo" que le dijo "llorando" que "lo necesitaba para su mujer que tenía cáncer". Así, el procesado indicó que esta persona "le ha comido la cabeza" y a "liado a esta gente" --en referencia a los empresarios que le demandan-- para que me denuncien.

Así, el procesado negó que pidiera más dinero a dos empresarios en concepto de intereses por retrasarse en los pagos de una deuda. Por su parte, estos dos empresarios declararon que no habían recibido amenazas de muerte, ni de ningún tipo, por parte de Rafael P.G., a quien dijeron no conocer personalmente. De esta forma, ambos coincidieron en señalar que los préstamos los recibían a través de un intermediario, que era la misma persona que debía 6.000 euros al acusado.

Del mismo modo, los dos empresarios aseguraron que "pusieron la denuncia y declararon falsamente en el juzgado" contra el procesado, porque éste intermediario les había "convencido de que el acusado les había amenazado de muerte".

Por su parte, durante la vista declaró también la persona que según el acusado le debe 6.000 euros, y negó la existencia de ese crédito y afirmó que el procesado "exigió más dinero" a estos dos empresarios por el retraso en los pagos y que "los amenazó de muerte".

El escrito provisional de acusación del ministerio fiscal recoge que, en fecha anterior a 2007, un empresario contactó con el acusado para pedirle un préstamo, por lo que el procesado le dio 28.000 euros con la condición de que le devolviera 36.000 euros en 15 o 21 días. Así, este empresario se puso en contacto con Rafael P.G. para devolverle el dinero, momento en el que el acusado exigió el pago de 19.000 euros más por el retraso de un día en el plazo establecido para entregar el efectivo acordado.

El empresario no aceptó las condiciones, por los que, según el fiscal, Rafael P.G. pidió 15.000 euros más a su deudor y amenazó de muerte a este y a su familia. El acusador público recoge además que por temor a que se cumplieran las amenazas el empresario y su hermano recogieron 29.000 euros que entregaron al acusado.

El escrito de acusación refleja, además, que el acusado prestó 30.000 euros a otro empresario, a través de un intermediario. En esta operación, el procesado exigió, bajo amenazas de muerte, 17.000 euros más al empresario por un retraso en la devolución del crédito.