VALÈNCIA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha finalizado su participación como socio en el proyecto LIFE RedBosques_Clima (2021-2025) de adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático. Tras cuatro años de trabajo, la iniciativa ha estado orientada a impulsar soluciones basadas en la naturaleza "para reforzar la resiliencia de los ecosistemas forestales", según ha informado la Generalitat en un comunicado.
La iniciativa, cofinanciada por el programa LIFE de la Unión Europea, ha tenido como objetivos específicos, desarrollar herramientas técnicas para evaluar la vulnerabilidad al cambio climático, aplicar estas herramientas sobre el terreno y fomentar la transferencia de los resultados.
Gracias al trabajo en red de los socios que han participado "se ha logrado desarrollar herramientas innovadoras y experiencias reales que ahora abren camino para que los bosques mediterráneos se adapten con mayor eficacia al cambio climático", han indicado las mismas fuentes.
Uno de los principales resultados del proyecto ha sido el diseño y aplicación de un índice de vulnerabilidad a la sequía, que permite evaluar de forma objetiva el riesgo climático de las masas forestales y apoyar la toma de decisiones en la planificación y gestión forestal. Esta herramienta, accesible a través de una plataforma digital, facilita priorizar actuaciones allí donde los bosques presentan mayor vulnerabilidad.
Asimismo, el proyecto ha generado una 'Guía de criterios y buenas prácticas para la adaptación de los bosques al cambio climático', que integra aspectos ecológicos, técnicos, sociales y económicos, y que puede ser aplicada tanto en montes públicos como privados.
En el caso de la Comunitat Valenciana, LIFE RedBosques_Clima ha contado con actuaciones demostrativas sobre el terreno, coordinadas por el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF), donde se han aplicado tratamientos selvícolas a parcelas de repoblaciones de Pinus pinaster, orientados a reducir la competencia entre árboles, favorecer estructuras forestales más diversas y mejorar la capacidad de los bosques para resistir episodios de sequía.
En concreto, estas actuaciones, realizadas en Castellón (Barracas), Valencia (Alpuente) y Alicante (Confrides), pretenden evidenciar que bosques con mayor diversidad de especies, estructuras irregulares y menor densidad presentan una respuesta más favorable frente a los impactos del cambio climático, reforzando su papel como proveedores de servicios ecosistémicos esenciales. Una vez finalizado el proyecto, se inicia el post LIFE que contempla el seguimiento de las parcelas a cinco años para conocer su evolución y valorar el verdadero impacto de esas actuaciones.
De este modo, la experiencia adquirida consolida la apuesta de la Generalitat por una gestión forestal sustentada en la ciencia, la prevención y la anticipación, como herramientas clave para afrontar los retos climáticos del Mediterráneo.
Por otra parte, el informe socioeconómico elaborado por el proyecto pone de manifiesto que la adaptación forestal no solo aporta beneficios ambientales, sino que también genera impactos positivos sobre el empleo rural, la economía local y la reducción de costes asociados a incendios forestales y a la degradación del territorio.
La aplicación de una gestión forestal adaptativa contribuye, además, a incrementar la seguridad de las infraestructuras y de la población, mejorar la sostenibilidad de los aprovechamientos forestales y reforzar el papel de los montes como sumideros de carbono.
Durante el desarrollo del proyecto se ha realizado un importante esfuerzo de transferencia de conocimiento, con acciones formativas, seminarios técnicos y materiales divulgativos dirigidos a personal técnico de las administraciones, profesionales del sector forestal y agentes del territorio.
El proyecto ha sido coordinado por la Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espacios naturales, FUNGOBE, y como asociados a la Generalitat, Vaersa, CREAF, la Generalitat de Catalunya y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y, como cofinanciador, el Gobierno Vasco.