ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha solicitado sendas penas de inhabilitación de doce años y medio para cuatro concejales de Orihuela por un delito continuado de prevaricación al adjudicar desde el equipo de gobierno del PP en la anterior legislatura facturas y contratos de obras y servicios por varios millones de euros de forma irregular.
Los acusados, para los que el fiscal Anticorrupción de la Vega Baja, Pablo Romero, reclama la apertura del juicio oral son los todavía concejales Antonio Rodríguez Barberá y José Antonio Aniorte y los exediles Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía.
El primero de ellos sigue en las filas populares, mientras que el segundo fue expulsado recientemente del partido junto a la que fuera presidenta del PP local Pepa Ferrando y otros cuatro regidores por negarse a suscribir una moción en la que se solicitaba la no inclusión de imputados en las listas para los próximos comicios locales.
Según el fiscal, los cuatro acusados, que actuaban en calidad de concejales, teniente de alcalde o alcalde accidental, según los casos, llevaron a diversas juntas de gobierno local celebradas entre el 23 de junio y el 6 de octubre de 2008 propuestas de pago de facturas y servicios, en su mayoría por la recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos a las mercantiles del empresario Ángel Fenoll, de forma irregular.
"De forma consciente y deliberadamente arbitraria, omitieron la menor diligencia a fin de evitar que fuera propuesto cualquier pago incorrecto", asegura la acusación pública en su escrito de conclusiones sobre este caso, al que ha tenido acceso Europa Press.
En muchos casos esos pagos contaban con el correspondiente reparo de la Intervención municipal, pues no se amparaban en expediente de contratación alguna ni el pertinente trámite de fiscalización para constatar la prestación real del servicio.
"ACTUACIÓN INJUSTA Y TORTICERA"
El fiscal Romero asegura que los entonces regidores del PP incurrieron en una actuación "injusta y torticera", pues muchos de los abonos de dinero por los citados servicios carecían de consignación presupuestaria y el Consistorio tuvo que recurrir a créditos bancarios con los consiguientes recargos por intereses.
Tampoco adoptaron medidas para subsanar "las patentes irregularidades o depurar responsabilidades por las mismas". Al contrario, siempre según el fiscal, "consintieron que este manifiestamente ilegal modo de preceder se confirmara como práctica legal consolidada por el máximo órgano local encargado del desarrollo de la actividad económica municipal con el evidente perjuicio para la res pública".
El fiscal Anticorrupción de la Vega Baja refleja en su escrito de acusación centenares de facturas a Colsur y Proambiente, empresas de uno de los principales imputados del 'caso Brugal, Ángel Fenoll, cuyo abono fue acordado en sucesivas juntas de gobierno local, así como otras irregularidades como el fraccionamiento de contratos para eludir los trámites reglamentarios, todo ello por un importe de varios millones de euros.
Los hechos fueron denunciados en 2009 por la portavoz del grupo municipal socialista Antonia Moreno y han sido investigados por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela. El fiscal Romero ha solicitado ahora que se abra juicio oral contra los cuatro acusados ante la Audiencia Provincial tras solicitar provisionalmente que sean inhabilitados 12 años y medio para ejercer los cargos de alcalde, teniente de alcalde y concejal.
