VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, ha defendido este sábado que el Grupo Popular en las Corts "ha ejercido su responsabilidad de control" de la gestión del Consell y de los recursos públicos en la denuncia presentada a la Conselleria de Igualdad que dirige la vicepresidenta, Mónica Oltra, por un supuesto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales.
La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación a raíz de esta denuncia presentada por los 'populares' de pagos por la vía de enriquecimiento injusto que sumarían más de 43,7 millones de euros.
Ortiz ha explicado en un comunicado que, tras analizar la documentación solicitada por el Grupo Popular y aportada por la Vicepresidencia, decidió poner la situación en conocimiento de la Fiscalía tras considerar que "obraban cuestiones poco claras".
En cualquier caso, la también portavoz adjunta de los 'populares' en la cámara autonómica ha recalcado que "el PP respeta la acción de la Justicia y los tiempos judiciales".
DENUNCIA
En la denuncia, fechada el 17 de enero, la diputada 'popular' Eva Ortiz pide que se admita la denuncia "contra cualesquiera persona que pueda tener relación con los hechos denunciados" y se continúe el procedimiento por los trámites legales oportunos. En un escrito, firmado por la fiscal jefe, Teresa Gisbert, de 29 de enero, se acuerda incoar diligencias de investigación penal.
Según el PP, el continuado fraccionamiento del objeto de contratos administrativos es "práctica constante de la Conselleria" de Oltra y así ha sido "sistemáticamente" puesto de manifiesto por la Intervención de la Generalitat. Asegura que reiteradamente se ha contratado "por pequeños períodos y con la mismas empresas de servicios tales como el de limpieza de distintos centros sociales" siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros) pero fraccionados "en claro fraude de ley".
Asimismo, señala que Oltra ha acordado el reconocimiento de la obligación de pago en vía de enriquecimiento injusto a mercantiles de habitual contratación de su departamento hasta sumar 43,7 millones de euros y lo ejemplifica con 16 expedientes con importes que oscilan entre los 369.830 euros hasta los 7,8 millones, que han sido autorizados por el Consell en distintas sesiones plenarias.
REACCIÓN DE LA CONSELLERIA
Por su parte, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas recalcaron este pasado viernes que "ninguno de los expedientes puede ser aprobado con informe negativo por la Intervención, dado que sin el informe favorable del órgano fiscalizador de la Generalitat ni se contabiliza, ni se paga".
"Los resarcimientos que se han tramitado --precisan-- son por servicios que han acabado contrato y no ha dado tiempo a tramitar uno nuevo, por lo que las empresas que resultaron adjudicatarias en concurso público y en concurrencia continúan prestando el servicio".
